...¿En qué estarían pensando cuando se elaboró el Artículo 3 de la Constitución Española?...
Sirva este ejemplo sobre la Ley de normalización del Euskera como muestra de los procesos jurídicos y, en ocasiones, pseudolegales que mantienen con vida reivindicaciones lingüísticas como las que afloran de nuestra situación nacional multilingüe.
En el año 1982 se comenzó a elaborar esta Ley por el Parlamento vasco cuya fuerza le permitió llegar al Tribunal Constitucional. Comprende un amparo en el Artículo 3 de la Constitución y una reacción a la oficialidad que adquirió esta lengua gracias al Artículo 6 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco o Estatuto de Gernika.
No fue hasta el año 1986 cuando escalara posiciones elevándose a una categoría a tener en consideración. Así, se publica su texto en el Boletín Oficial del País Vasco y el Presidente del Gobierno -más adelante lo haría con las leyes catalana, gallega y balear- refutó una serie de preceptos ante el Tribunal Constitucional que pudiera haber invocado el Artículo 161.2 de la Constitución Española que dice: “El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.”, de tal manera que se hubiera suspendido inmediatamente lo recurrido; pero las dudas jurídicas sobre la constitucionalidad de la normalización del euskera ya se habían infundido. Todo ello daría lugar a los pronunciamientos de junio de 1986 que emitiría el TC en relación al euskera, catalán y gallego. Las resoluciones confirmaron la legalidad de los medios empleados por cada Comunidad y con ello y el paréntesis que abren los Estatutos de Autonomía en la Constitución sacaron los coloretes a ésta, o por lo menos, la comprometieron.
La Ley de Normalización del Euskera aspira a saciar dos necesidades fundamentales:
De una parte, afianza la categoría de “lengua oficial” sellada en el Estatuto autonómico. Cabe mencionar el añadido sobre la impugnación que formuló el Abogado del Estado contra dicha Ley alegando la incompetencia del Parlamento Vasco para llevar a cabo el procedimiento; mientras que el TC, salvedad de alguna discrepancia, reconoció la legitimidad de Euskadi para procesar el trámite.
De otra parte aporta arropamiento a la normalización del euskera hasta el punto de asemejarla al castellano en cuanto a funciones sociales se refiere. Con todo, el TC apunta que “hay que tener en cuenta, además, que la Ley 10/1982 del Parlamento Vasco no es sólo de cooficialidad, sino que tiene (como su nombre indica) un objeto más amplio, a saber, la normalización del euskera” refiriéndose a una “competencia [autonómica] de normalización lingüística”. El acuerdo legislativo fue casi total en el Parlamento Vasco-Herri Batasuna quedaba extramuros- a excepción del Grupo Alianza Popular, minoritario por aquel entonces, el Partido Popular ahora. Un acuerdo tanto de nacionalistas como de no nacionalistas al servicio de una Ley en cuya Exposición de Motivos se señala que “se trata de reconocer como el signo más visible y objetivo de identidad de nuestra Comunidad y un instrumento de integración plena del individuo de ella a través de su conocimiento y uso”.
En la ya mencionada Exposición de Motivos basa su legitimidad jurídica en el Estatuto de Autonomía Vasco y en la Constitución Española. Su encaje en el ordenamiento jurídico se da debido al Artículo 6 del Estatuto Vasco y el Artículo 3 de la Constitución.
En la interpretación de la Constitución reincidiremos más adelante porque consideramos que es el foco del asunto. Pero antes debemos mencionar el caso ocurrido en Francia. En 1992 se añadió un segundo párrafo al Artículo 2 para detallar que “La lengua de la República es el francés”.
En resumidas cuentas: ¿Deberían existir leyes complementarias a la "norma suprema", en este caso a nuestra Carta Magna? ¿U honestamente debe tratarse de un texto cerrado y sólido, capaz de valerse por sí mismo?
Abrimos un paréntesis que abre horizontes…
Con la entrada de España a la Unión Europea en 1986 se ve afectado su ordenamiento jurídico por el ordenamiento comunitario de ésta, el cual a su vez armoniza el ‘Derecho comunitario’ propio de la Comisión Europea (considerada una supranación). Pero no por su carácter de país de países, el Derecho comunitario es más. Quizá simbólicamente, mas a efectos prácticos sólo prevalecerá por encima del Derecho interno de cada país cuando ambos entren en conflicto o “se le lleve la contraria” al primero.
Esto, en relación con el caso que nos compete, supuso desestimar, por ejemplo; el incorrecto etiquetado de productos destinados al consumidor. Acuse de ir en contra del Tratado de la Comunidad Europea (o Tratado de Maastricht). Tratado que recoge en su Artículo 28 la libre circulación de mercancías.
Como vemos, a nuestra mamá la Constitución le salió una amiguita llamada Unión Europea que le aconseja pero no por ello decide por ella puesto que nuestra progenitora tiene personalidad propia. Así, a rasgos generales. Y es lo que ocurre con la regulación lingüística; pero claro, en este terreno también entra en juego el Estatuto de Autonomía que se podría asemejar al hijo, un hijo mayor de edad con capacidad de independizarse.
Y aquí está el dilema...
viernes, 16 de mayo de 2008
lunes, 12 de mayo de 2008
La protección del castellano continúa y crece
Parte de la continuación a la anterior noticia podría ser ésta; la cual deja en suspense el futuro del castellano en torno a las escuelas autonómicas bilingües según lengua co-oficial del Estado español. Tal publicación la encontramos, en esta ocasión, en el periódico digital de El País:
“ELPAIS.com > España > País Vasco La situación de la educación
Los padres que defienden el castellano buscan más aliados
Se entrevistarán con los obispos y el Defensor del Pueblo
E. A. - Bilbao - 22/04/2008
La Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística, que defiende el mantenimiento de la enseñanza en castellano, va a dar su salto a la escena nacional en busca de nuevos aliados. Hasta ahora, había limitado su lucha contra el currículo, que establece el euskera como lengua vehicular y relega al castellano a un papel secundario, a un peregrinaje institucional por el País Vasco.
Pretenden cerrar un manifiesto con grupos de Cataluña y Galicia.
Se ha reunido con partidos, sindicatos y con otros agentes educativos. Quien no les ha recibido aún es el lehendakari, Juan José Ibarretxe, al que le pidieron cita el pasado mes de febrero.
La Plataforma, que agrupa a unas 2.000 personas, llevará su reivindicación esta semana hasta Madrid, donde su junta directiva se reunirá con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Rouco Varela, y con el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica. A Rouco, le van a exponer la actuación de varios colegios religiosos en Euskadi, que se agrupan en torno a la asociación Kristau Escola. "Van a suprimir el modelo A [enseñanza en castellano] sin protestar a cambio de que el Gobierno vasco les financie íntegramente la enseñanza y sus profesores se equiparen laboralmente a los de la enseñanza pública", resaltó ayer Pablo Gay, portavoz de la Plataforma.
Mientras, al Defensor del Pueblo le plantearán "la realidad" del sistema educativo vasco, donde una de las dos lenguas oficiales (el castellano) corre riesgo de ser ninguneada de la educación oficial. "Se trata de ver si en su opinión se están vulnerando los derechos fundamentales". La Plataforma le pedirá que analice el caso y si ve que existe una vulneración, presente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Los padres de la agrupación han mantenido contactos con asociaciones similares existentes en Cataluña y Galicia, con las que preparan la elaboración de un manifiesto conjunto por la libertad de elección de idioma en la educación. Otras plataformas de Valencia y Baleares se podrían sumar.
El origen de la Plataforma radica en la decisión de dos colegios de Vitoria, Marisnistas y Sagrado Corazón, de suprimir para el próximo curso el modelo A cuando tienen demanda suficiente como para mantenerlo. El temor a que la iniciativa de estos centros se convierta en una bola de nieve les ha llevado a la movilización. Incluso han recurrido a la Alta Inspección del Ministerio de Educación para comprobar si la decisión de cerrar el modelo A es legal.”
“ELPAIS.com > España > País Vasco La situación de la educación
Los padres que defienden el castellano buscan más aliados
Se entrevistarán con los obispos y el Defensor del Pueblo
E. A. - Bilbao - 22/04/2008
La Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística, que defiende el mantenimiento de la enseñanza en castellano, va a dar su salto a la escena nacional en busca de nuevos aliados. Hasta ahora, había limitado su lucha contra el currículo, que establece el euskera como lengua vehicular y relega al castellano a un papel secundario, a un peregrinaje institucional por el País Vasco.
Pretenden cerrar un manifiesto con grupos de Cataluña y Galicia.
Se ha reunido con partidos, sindicatos y con otros agentes educativos. Quien no les ha recibido aún es el lehendakari, Juan José Ibarretxe, al que le pidieron cita el pasado mes de febrero.
La Plataforma, que agrupa a unas 2.000 personas, llevará su reivindicación esta semana hasta Madrid, donde su junta directiva se reunirá con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Rouco Varela, y con el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica. A Rouco, le van a exponer la actuación de varios colegios religiosos en Euskadi, que se agrupan en torno a la asociación Kristau Escola. "Van a suprimir el modelo A [enseñanza en castellano] sin protestar a cambio de que el Gobierno vasco les financie íntegramente la enseñanza y sus profesores se equiparen laboralmente a los de la enseñanza pública", resaltó ayer Pablo Gay, portavoz de la Plataforma.
Mientras, al Defensor del Pueblo le plantearán "la realidad" del sistema educativo vasco, donde una de las dos lenguas oficiales (el castellano) corre riesgo de ser ninguneada de la educación oficial. "Se trata de ver si en su opinión se están vulnerando los derechos fundamentales". La Plataforma le pedirá que analice el caso y si ve que existe una vulneración, presente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Los padres de la agrupación han mantenido contactos con asociaciones similares existentes en Cataluña y Galicia, con las que preparan la elaboración de un manifiesto conjunto por la libertad de elección de idioma en la educación. Otras plataformas de Valencia y Baleares se podrían sumar.
El origen de la Plataforma radica en la decisión de dos colegios de Vitoria, Marisnistas y Sagrado Corazón, de suprimir para el próximo curso el modelo A cuando tienen demanda suficiente como para mantenerlo. El temor a que la iniciativa de estos centros se convierta en una bola de nieve les ha llevado a la movilización. Incluso han recurrido a la Alta Inspección del Ministerio de Educación para comprobar si la decisión de cerrar el modelo A es legal.”
lunes, 5 de mayo de 2008
Otro ejemplo de política o polémica lingüística
El artículo anexo versa sobre nuestro asunto a tratar de una forma pura y además clara. Publicado en el periódico El País el 21 de abril de 2008. En portada, como noticia secundaria, bajo el título de “¿Peligra el español en España?”. Y su desarrollo explicando lo necesario por nosotras, es el siguiente:
“¿Está perseguido el castellano?
El fomento del catalán, el euskera y el gallego ha originado movimientos en defensa de la lengua común, aunque el verdadero debate está en los derechos individuales.
-PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL
Cataluña, Euskadi, Galicia, la Comunidad Valenciana y Baleares tienen desde hace años leyes propias para proteger sus idiomas tradicionales y fomentar su uso [Algunos ejemplos de estas leyes los veremos más adelante]. Catalán, euskera y gallego, prohibidos o marginados durante buena parte del siglo XX, son hoy lenguas oficiales junto al castellano en estas comunidades autónomas y están protegidas por la Constitución. [El término ‘protegidas’ atañe a la prescripción que promulga la Constitución -como hemos visto- pero también consideramos que una lengua evita ser eclipsada por otra (que la supera cuantitativa o cualitativamente) en tanto en cuanto se utilice. Quiere decir esto que no sólo las regulaciones normativas cuidan la existencia de un idioma sino que la predisposición e implicaciones por parte de los hablantes hacen la mayor parte del trabajo. Obviando la incongruencia de velar jurídicamente por una que fueras apenas usada… claro está.] En tres décadas de democracia, la presencia de estas lenguas se ha extendido notablemente.
El concepto de “política lingüística”[Hay que saber distinguir este concepto del de ‘lenguaje jurídico o político’, que es la forma de dicción o escritura(en general de comunicación) de todo partícipe de las ciencias políticas; en exclusiva de los miembros del gremio político] es inaudito en el resto de España, donde sólo hay una lengua oficial [Recordemos que en este “resto” de la nación también se dan dialectos o lenguas de transición; pero a diferencia de las Comunidades donde más llaman la atención por su bilingüismo, sus habitantes conviven perfectamente con las distintas formas de expresarse: así vemos como la lengua co-oficial se reivindica con más fines políticos que lingüísticos] . Pero estas comunidades siguen avanzando en la promoción de su lengua tradicional [co-oficial porque tan tradicional es su lengua alternativa como el castellano, con la excepción del euskera] con el objetivo de llegar a equipararla en importancia con la lengua común. Por primera vez, desde hace pocos meses, hay quien levanta la voz asegurando que se está produciendo una progresiva falta de espacio para el castellano, e incluso se habla de persecución.
Son movimientos pequeños, muy recientes en Euskadi y Galicia y más consolidados en Cataluña, articulados políticamente sobre todo por el Partido Popular. Pero hace un año que en Galicia surgió un movimiento asociativo que asegura ver sus derechos amenazados como castellanohablantes. En enero, también un grupo de padres de alumnos comenzó una protesta similar en Euskadi, donde antes no generaba tensión la política lingüística. En los tres casos, la clave está en la educación. En Cataluña y Galicia no existe la posibilidad de estudiar sólo en castellano. En Euskadi sí, pero es una opción minoritaria, y el Gobierno vasco proyecta hacerla desaparecer por completo en dos años.
Aunque el castellano está muy lejos de ser un idioma amenazado en estas comunidades, el tema toca uno de los pilares de la vida de las personas, la educación de los hijos y su futuro. Un ámbito en el que cualquier preocupación es legítima, más allá de ideologías.
Los afectados castellanohablantes esgrimen la Constitución y los derechos humanos para reclamar como un derecho escolarizar a sus hijos en su lengua materna. La Constitución dice que “el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla”. Utilizarlo es un derecho constitucional, y conocerlo, un deber. Pero también dice la Constitución que “las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos”. Es decir, todo lo concerniente a esas lenguas se regula en los estatutos y depende de las comunidades. Además, las protege: “La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.
Por su parte, el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 dice: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. La Declaración no hace ninguna referencia a la lengua materna, aunque sí rechaza en otro artículo la discriminación por razón de idioma. La Constitución cita a la Declaración como referencia cuando haya que interpretarla.
La clave que justifica las políticas lingüísticas es una convicción: la potencia del castellano es tal que las lenguas cooficiales son incapaces de competir con él. Y no se resignan ante el darwinismo lingüístico. Esta idea la resumió excelentemente el líder de Ezquerra Republicana de Catalunya, Joseph Lluís Carod Rovira, durante el debate del Estatuto catalán en el Senado, en mayo de 2006. El PP se quejaba de la agresión al castellano que suponía el nuevo texto. Así respondió, en catalán, Carod Rovira: “El castellano es una lengua hablada por 400 millones de personas que dentro de poco serán muchas más. ¿Alguien puede sostener de verdad que el futuro de la lengua española depende de Cataluña? ¿De verdad? Quien haya entrado en cualquier establecimiento de Cataluña habrá visto que se usan normalmente las lenguas más diversas, y que el catalán no está entre ellas. ¿No tenemos derecho como ciudadanos a reclamar la presencia normal de nuestra lengua? […] ¿Es normal que, fuera del ámbito catalán, haya sólo nueve universidades españolas en las que se enseña catalán? Eso frente a las 14 de Italia, 16 de Francia, 21 de Gran Bretaña y 29 de Alemania”.
Hay que concederle a Carod Rovira que el futuro del castellano como idioma mundial no está amenazado por su partido, ni por la Generalitat catalana. En comparación, el catalán o el euskera tienen muchas más papeletas de ser barridos por la globalización.
Pero hay que distinguir dos niveles en esta polémica, y analizarlos por separado. Como explica el académico de la RAE José Antonio Pascual, “un asunto son los derechos individuales de las personas y otro es el peligro para el castellano”. Pascual considera, por un lado, que “el castellano no está amenazado”. Y por otro, que “el que no puede escolarizar a su hijo en castellano tiene derecho a quejarse. La discriminación positiva de una lengua no justificaría actuar contra otra, como supondría que no se pudiera enseñar”.
Se queja, además, de que la politización de este asunto, “que no es ni blanco ni negro”, haga parecer que todo el mundo está situado en algún bando. “Soy un defensor absoluto del bilingüismo. Y no estoy de acuerdo con amigos catalanes que lo fueron también, pero que ahora propugnan el monolingüismo con el fin de salvar al catalán: el fin no justifica los medios”.
¿Hasta qué punto está ocurriendo esto en Cataluña, Euskadi y Galicia? En Euskadi, desde enero un grupo de padres, bajo la denominación de Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística, protestan porque creen que se margina el uso del castellano y se priva a sus hijos del derecho a escolarizarse en esa lengua.
En Euskadi la educación se divide en tres modelos: el A, en castellano, el B, bilingüe y el D, en euskera (no hay C porque esta letra no existe en vasco). Apenas un 5% de los padres han pedido el modelo A para sus hijos en primaria este año. La educación en castellano ha ido reduciendo su implantación, según el Gobierno vasco, por falta de demanda. Según los padres de la Plataforma, estos centros se han ido convirtiendo en guetos de inmigrantes por falta de apoyo e inversión.
Lo que ha hecho el Gobierno vasco, que no tiene poder en el Parlamento para reformar la ley de educación, es fijar como objetivo mínimo un nivel muy alto de euskera. Así, “obligan a los centros a conseguir un nivel tan alto de euskera que la única forma de lograrlo es la inmersión total [todas las asignaturas impartidas en idioma vasco]”, dice Susana Marqués, miembro d e la asociación. Marqués opina que el origen de esta política está en que “en todos estos años no han conseguido el bilingüismo”. Después de más de 20 años educando en euskera, este idioma no está en la calle. Ni si quiera todos los que han estudiado íntegramente en euskera toda su vida lo dominan. El 70% de los comercios de Esukadi no utiliza jamás el vasco.
Patxi Baztarrika es el viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno vasco. Su objetivo es “articular un Euskadi realmente bilingüe”. “No se trarta de sustituir ninguna lengua. Sólo conseguir una mayor igualdad social de las dos lenguas y una mayor igualdad de oportunidad de eso de las dos”, afirma. Es claro cuando dice que “en Euskadi, no aprender euskera no es una opción”. “Los que estudian íntegramente en euskera no tienen ningún problema con el castellano. Si salieran del sistema sin hablar castellano bien, yo sería partidario de que se corrigiera”, añade Baztarrika.
El castellano “está presente y debe estar presente”, continúa. “Pero su fuerza es tal, afortunadamente para él, que plantearse cualquier peligro de debilitamiento por culpa del euskera es ridículo, si se me permite. El castellano es una lengua de Euskadi, pero sería absurdo que nuestro objetivo fuera asegurar la conservación del castellano”. Aunque no es de la supervivencia del castellano de lo que se quejan estos padres.
En Galicia, la Xunta publicó el año pasado un decreto que desarrolla la antigua Ley de Normalización Lingüística. Al menos el 50% de las asignaturas deberán ser impartidas en gallego. Entre ellas, las más importantes. En castellano se pueden dar gimnasia, música, tecnología y plástica, aquéllas en las que apenas hay que leer y escribir. El modelo de la política lingüística se pactó con el PP en la Xunta, pero ha sido ahora, con el BNG [Bloque Nacionalista Galego es un frente político perteneciente a Galicia que integra militantes individuales de otros grupos y partidos de tal forma que el 70% de la militancia corresponde a BNG] al frente, cuando se ha aplicado en su integridad.
“Vamos a la canalización”, clama Gloria Lago, profesora de inglés fundadora de la asociación Galicia Bilingüe, surgida a raíz del nuevo decreto, porque considera que margina el castellano. Lago asegura que la situación de las aulas gallegas “es una ficción”. “Los profesores fingen durante la clase. Los niños les piden que hablen en castellano y no pueden, porque lo prohíbe la ley. Luego suena el timbre y todos vuelven a hablar su idioma”.
La responsable de Política Lingüística en Galicia es Marisol López. Reconoce que en Galicia no hay forma de escolarizarse en castellano, “pero tampoco en gallego”. “El plan de estudios es el de una sociedad con dos lenguas. Queremos conseguir el dominio de las dos”, continúa. “El castellanohablante, si no se discrimina positivamente el gallego, puede acabar dominándolo”. Y con ello “no se le hurta el derecho a conocer y usar el castellano” reconocido en la Constitución, dice. “Hace poco”, argumenta, “se inauguró un colegio trilingüe, con un 95% de horas en inglés y unas pocas en castellano y gallego. ¿Ocurrirá que no aprendan bien estos idiomas? No, porque tienen otros ámbitos donde hablarlos”. [¿Se aprende correctamente una lengua, en toda su dimensión, por hablarla sin reparar en ella desde un ángulo técnico o científico? Entonces, ¿Se está queriendo decir que están de más la educación lingüística?]
Por último, en Cataluña la voz institucional en defensa del castellano la han puesto el PP y Ciutadans (cuarta y quinta fuerza, respectivamente, en el Parlament). El propio Mariano Rajoy hizo de ello un tema de campaña, y trató de acorralar a Zapatero en un debate televisado para avalar la política lingüística de la Generalitat. “El 50% de la población de Cataluña es de origen castellanohablante, y es imposible estudiar en castellano, ni en los privados ni en los concertados”, dice Carina Mejías, portavoz del PP en el Parlamento catalán. “Como todos ven la tele en castellano, se da por supuesto que se sabe castellano”.
“El derecho a usar castellano está en el artículo 3 de la Constitución, y ese derecho es aplicable a la educación”. Para el PP, en las sociedades bilingües “no hay conflicto si no hay alguien que induce a él. En la calle se habla castellano y catalán con toda naturalidad. Los conflictos inducen a actuaciones sectarias”.
Desde la Generalitat, el responsable de Política Lingüística, Bernat Joan, opina que esta protesta “sólo estaría legitimada si los alumnos en Cataluña no tuvieran una formación adecuada en castellano. Ése no es el caso”. El modelo catalán se basa en un principio: “Si vivimos juntos, nos educamos juntos. Tener colegios diferenciados por razón de lengua es muy peligroso”. Con esta política, “un entorno completamente catalanizado no es previsible. Creo que en el contexto social hay suficiente castellano como para que se pueda aprender bien”.
La respuesta de algunos lingüistas es que la enseñanza del castellano no se puede dejar en manos de la televisión. Por ejemplo, el académico de la RAE Gregorio Salvador considera un “derecho” estudiar en la lengua materna. Y no cree que valga con conocer el idioma por el entorno. “Una cosa es conocerlo y otra es recibir todos los conocimientos en esa lengua. La lengua vehicular debe ser la misma en la que el niño crece, la lengua familiar. Hay niños que van a conocer un castellano hablado, vulgar, para el uso cotidiano. Pero el conocimiento de la lengua materna debe ser un conocimiento pleno en todos los órdenes de la vida”. Con estas políticas no se perjudica al idioma, dice Salvador, “sino a las personas, que se ven privadas de la segunda lengua del mundo”.
¿Hasta qué punto estas políticas están afectando al conocimiento del castellano? Como sus homólogos de Galicia y Euskadi, Bernat Joan no tiene problema en asumir que “si de repente hay un bajón de rendimiento en castellano habría que corregir esta política”. A este respecto, poco trascendieron fuera de Cataluña unas declaraciones del conseller de Educación, Ernest Maragall, en las que reconocía que los niños de una escuela que acababa de visitar en Olot (en el interior de Girona) tenían “dificultades” para expresarse en castellano.
Pero hay pocos datos para estudiar el fenómeno. En cuanto a Galicia y Euskadi, puede servir el famoso informe PISA, sobre la calidad de la educación en la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico]. Los alumnos de estas comunidades hicieron la prueba de nivel mayoritariamente en castellano, y las notas en comprensión lectora superan con creces la media española. La enseñanza en estos idiomas tampoco para influir en el rendimiento en matemáticas, donde las tres comunidades también superan la media de España. En Cataluña, la prueba PISA se hizo en catalán, pero sirva como indicador que las notas medias en Selectividad son muy parecidas en las asignaturas de lengua catalana y lengua castellana.
La situación parece estar equilibrada en este momento histórico entre el castellano y las otras tres lenguas de España. Pero, ¿hasta dónde se pretende llegar? Imaginemos, por ejemplo, una Cataluña monolingüe en catalán. Bernat Joan responde rápidamente: “Sería horrible. Significaría que nos hemos aislado, que censuramos prensa y televisión en castellano, Eso es algo que los catalanohablantes hemos padecido, pero no lo hemos aplicado”. ”
Las frases “resumen” que publica el diario son:
- En Cataluña y Galicia no se puede estudiar sólo en castellano
- El 70% de los comercios de Euskadi no utiliza el idioma vasco
- La media de lectura en PISA de vascos y gallegos supera la media española
- “Lo que induce al conflicto es el sectarismo”, asegura el PP catalán
- La política lingüística no pone en peligro el castellano, dicen sus defensores
- “Queremos conseguir el dominio de las dos lenguas”, explican en Galicia
“¿Está perseguido el castellano?
El fomento del catalán, el euskera y el gallego ha originado movimientos en defensa de la lengua común, aunque el verdadero debate está en los derechos individuales.
-PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL
Cataluña, Euskadi, Galicia, la Comunidad Valenciana y Baleares tienen desde hace años leyes propias para proteger sus idiomas tradicionales y fomentar su uso [Algunos ejemplos de estas leyes los veremos más adelante]. Catalán, euskera y gallego, prohibidos o marginados durante buena parte del siglo XX, son hoy lenguas oficiales junto al castellano en estas comunidades autónomas y están protegidas por la Constitución. [El término ‘protegidas’ atañe a la prescripción que promulga la Constitución -como hemos visto- pero también consideramos que una lengua evita ser eclipsada por otra (que la supera cuantitativa o cualitativamente) en tanto en cuanto se utilice. Quiere decir esto que no sólo las regulaciones normativas cuidan la existencia de un idioma sino que la predisposición e implicaciones por parte de los hablantes hacen la mayor parte del trabajo. Obviando la incongruencia de velar jurídicamente por una que fueras apenas usada… claro está.] En tres décadas de democracia, la presencia de estas lenguas se ha extendido notablemente.
El concepto de “política lingüística”[Hay que saber distinguir este concepto del de ‘lenguaje jurídico o político’, que es la forma de dicción o escritura(en general de comunicación) de todo partícipe de las ciencias políticas; en exclusiva de los miembros del gremio político] es inaudito en el resto de España, donde sólo hay una lengua oficial [Recordemos que en este “resto” de la nación también se dan dialectos o lenguas de transición; pero a diferencia de las Comunidades donde más llaman la atención por su bilingüismo, sus habitantes conviven perfectamente con las distintas formas de expresarse: así vemos como la lengua co-oficial se reivindica con más fines políticos que lingüísticos] . Pero estas comunidades siguen avanzando en la promoción de su lengua tradicional [co-oficial porque tan tradicional es su lengua alternativa como el castellano, con la excepción del euskera] con el objetivo de llegar a equipararla en importancia con la lengua común. Por primera vez, desde hace pocos meses, hay quien levanta la voz asegurando que se está produciendo una progresiva falta de espacio para el castellano, e incluso se habla de persecución.
Son movimientos pequeños, muy recientes en Euskadi y Galicia y más consolidados en Cataluña, articulados políticamente sobre todo por el Partido Popular. Pero hace un año que en Galicia surgió un movimiento asociativo que asegura ver sus derechos amenazados como castellanohablantes. En enero, también un grupo de padres de alumnos comenzó una protesta similar en Euskadi, donde antes no generaba tensión la política lingüística. En los tres casos, la clave está en la educación. En Cataluña y Galicia no existe la posibilidad de estudiar sólo en castellano. En Euskadi sí, pero es una opción minoritaria, y el Gobierno vasco proyecta hacerla desaparecer por completo en dos años.
Aunque el castellano está muy lejos de ser un idioma amenazado en estas comunidades, el tema toca uno de los pilares de la vida de las personas, la educación de los hijos y su futuro. Un ámbito en el que cualquier preocupación es legítima, más allá de ideologías.
Los afectados castellanohablantes esgrimen la Constitución y los derechos humanos para reclamar como un derecho escolarizar a sus hijos en su lengua materna. La Constitución dice que “el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla”. Utilizarlo es un derecho constitucional, y conocerlo, un deber. Pero también dice la Constitución que “las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos”. Es decir, todo lo concerniente a esas lenguas se regula en los estatutos y depende de las comunidades. Además, las protege: “La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.
Por su parte, el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 dice: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. La Declaración no hace ninguna referencia a la lengua materna, aunque sí rechaza en otro artículo la discriminación por razón de idioma. La Constitución cita a la Declaración como referencia cuando haya que interpretarla.
La clave que justifica las políticas lingüísticas es una convicción: la potencia del castellano es tal que las lenguas cooficiales son incapaces de competir con él. Y no se resignan ante el darwinismo lingüístico. Esta idea la resumió excelentemente el líder de Ezquerra Republicana de Catalunya, Joseph Lluís Carod Rovira, durante el debate del Estatuto catalán en el Senado, en mayo de 2006. El PP se quejaba de la agresión al castellano que suponía el nuevo texto. Así respondió, en catalán, Carod Rovira: “El castellano es una lengua hablada por 400 millones de personas que dentro de poco serán muchas más. ¿Alguien puede sostener de verdad que el futuro de la lengua española depende de Cataluña? ¿De verdad? Quien haya entrado en cualquier establecimiento de Cataluña habrá visto que se usan normalmente las lenguas más diversas, y que el catalán no está entre ellas. ¿No tenemos derecho como ciudadanos a reclamar la presencia normal de nuestra lengua? […] ¿Es normal que, fuera del ámbito catalán, haya sólo nueve universidades españolas en las que se enseña catalán? Eso frente a las 14 de Italia, 16 de Francia, 21 de Gran Bretaña y 29 de Alemania”.
Hay que concederle a Carod Rovira que el futuro del castellano como idioma mundial no está amenazado por su partido, ni por la Generalitat catalana. En comparación, el catalán o el euskera tienen muchas más papeletas de ser barridos por la globalización.
Pero hay que distinguir dos niveles en esta polémica, y analizarlos por separado. Como explica el académico de la RAE José Antonio Pascual, “un asunto son los derechos individuales de las personas y otro es el peligro para el castellano”. Pascual considera, por un lado, que “el castellano no está amenazado”. Y por otro, que “el que no puede escolarizar a su hijo en castellano tiene derecho a quejarse. La discriminación positiva de una lengua no justificaría actuar contra otra, como supondría que no se pudiera enseñar”.
Se queja, además, de que la politización de este asunto, “que no es ni blanco ni negro”, haga parecer que todo el mundo está situado en algún bando. “Soy un defensor absoluto del bilingüismo. Y no estoy de acuerdo con amigos catalanes que lo fueron también, pero que ahora propugnan el monolingüismo con el fin de salvar al catalán: el fin no justifica los medios”.
¿Hasta qué punto está ocurriendo esto en Cataluña, Euskadi y Galicia? En Euskadi, desde enero un grupo de padres, bajo la denominación de Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística, protestan porque creen que se margina el uso del castellano y se priva a sus hijos del derecho a escolarizarse en esa lengua.
En Euskadi la educación se divide en tres modelos: el A, en castellano, el B, bilingüe y el D, en euskera (no hay C porque esta letra no existe en vasco). Apenas un 5% de los padres han pedido el modelo A para sus hijos en primaria este año. La educación en castellano ha ido reduciendo su implantación, según el Gobierno vasco, por falta de demanda. Según los padres de la Plataforma, estos centros se han ido convirtiendo en guetos de inmigrantes por falta de apoyo e inversión.
Lo que ha hecho el Gobierno vasco, que no tiene poder en el Parlamento para reformar la ley de educación, es fijar como objetivo mínimo un nivel muy alto de euskera. Así, “obligan a los centros a conseguir un nivel tan alto de euskera que la única forma de lograrlo es la inmersión total [todas las asignaturas impartidas en idioma vasco]”, dice Susana Marqués, miembro d e la asociación. Marqués opina que el origen de esta política está en que “en todos estos años no han conseguido el bilingüismo”. Después de más de 20 años educando en euskera, este idioma no está en la calle. Ni si quiera todos los que han estudiado íntegramente en euskera toda su vida lo dominan. El 70% de los comercios de Esukadi no utiliza jamás el vasco.
Patxi Baztarrika es el viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno vasco. Su objetivo es “articular un Euskadi realmente bilingüe”. “No se trarta de sustituir ninguna lengua. Sólo conseguir una mayor igualdad social de las dos lenguas y una mayor igualdad de oportunidad de eso de las dos”, afirma. Es claro cuando dice que “en Euskadi, no aprender euskera no es una opción”. “Los que estudian íntegramente en euskera no tienen ningún problema con el castellano. Si salieran del sistema sin hablar castellano bien, yo sería partidario de que se corrigiera”, añade Baztarrika.
El castellano “está presente y debe estar presente”, continúa. “Pero su fuerza es tal, afortunadamente para él, que plantearse cualquier peligro de debilitamiento por culpa del euskera es ridículo, si se me permite. El castellano es una lengua de Euskadi, pero sería absurdo que nuestro objetivo fuera asegurar la conservación del castellano”. Aunque no es de la supervivencia del castellano de lo que se quejan estos padres.
En Galicia, la Xunta publicó el año pasado un decreto que desarrolla la antigua Ley de Normalización Lingüística. Al menos el 50% de las asignaturas deberán ser impartidas en gallego. Entre ellas, las más importantes. En castellano se pueden dar gimnasia, música, tecnología y plástica, aquéllas en las que apenas hay que leer y escribir. El modelo de la política lingüística se pactó con el PP en la Xunta, pero ha sido ahora, con el BNG [Bloque Nacionalista Galego es un frente político perteneciente a Galicia que integra militantes individuales de otros grupos y partidos de tal forma que el 70% de la militancia corresponde a BNG] al frente, cuando se ha aplicado en su integridad.
“Vamos a la canalización”, clama Gloria Lago, profesora de inglés fundadora de la asociación Galicia Bilingüe, surgida a raíz del nuevo decreto, porque considera que margina el castellano. Lago asegura que la situación de las aulas gallegas “es una ficción”. “Los profesores fingen durante la clase. Los niños les piden que hablen en castellano y no pueden, porque lo prohíbe la ley. Luego suena el timbre y todos vuelven a hablar su idioma”.
La responsable de Política Lingüística en Galicia es Marisol López. Reconoce que en Galicia no hay forma de escolarizarse en castellano, “pero tampoco en gallego”. “El plan de estudios es el de una sociedad con dos lenguas. Queremos conseguir el dominio de las dos”, continúa. “El castellanohablante, si no se discrimina positivamente el gallego, puede acabar dominándolo”. Y con ello “no se le hurta el derecho a conocer y usar el castellano” reconocido en la Constitución, dice. “Hace poco”, argumenta, “se inauguró un colegio trilingüe, con un 95% de horas en inglés y unas pocas en castellano y gallego. ¿Ocurrirá que no aprendan bien estos idiomas? No, porque tienen otros ámbitos donde hablarlos”. [¿Se aprende correctamente una lengua, en toda su dimensión, por hablarla sin reparar en ella desde un ángulo técnico o científico? Entonces, ¿Se está queriendo decir que están de más la educación lingüística?]
Por último, en Cataluña la voz institucional en defensa del castellano la han puesto el PP y Ciutadans (cuarta y quinta fuerza, respectivamente, en el Parlament). El propio Mariano Rajoy hizo de ello un tema de campaña, y trató de acorralar a Zapatero en un debate televisado para avalar la política lingüística de la Generalitat. “El 50% de la población de Cataluña es de origen castellanohablante, y es imposible estudiar en castellano, ni en los privados ni en los concertados”, dice Carina Mejías, portavoz del PP en el Parlamento catalán. “Como todos ven la tele en castellano, se da por supuesto que se sabe castellano”.
“El derecho a usar castellano está en el artículo 3 de la Constitución, y ese derecho es aplicable a la educación”. Para el PP, en las sociedades bilingües “no hay conflicto si no hay alguien que induce a él. En la calle se habla castellano y catalán con toda naturalidad. Los conflictos inducen a actuaciones sectarias”.
Desde la Generalitat, el responsable de Política Lingüística, Bernat Joan, opina que esta protesta “sólo estaría legitimada si los alumnos en Cataluña no tuvieran una formación adecuada en castellano. Ése no es el caso”. El modelo catalán se basa en un principio: “Si vivimos juntos, nos educamos juntos. Tener colegios diferenciados por razón de lengua es muy peligroso”. Con esta política, “un entorno completamente catalanizado no es previsible. Creo que en el contexto social hay suficiente castellano como para que se pueda aprender bien”.
La respuesta de algunos lingüistas es que la enseñanza del castellano no se puede dejar en manos de la televisión. Por ejemplo, el académico de la RAE Gregorio Salvador considera un “derecho” estudiar en la lengua materna. Y no cree que valga con conocer el idioma por el entorno. “Una cosa es conocerlo y otra es recibir todos los conocimientos en esa lengua. La lengua vehicular debe ser la misma en la que el niño crece, la lengua familiar. Hay niños que van a conocer un castellano hablado, vulgar, para el uso cotidiano. Pero el conocimiento de la lengua materna debe ser un conocimiento pleno en todos los órdenes de la vida”. Con estas políticas no se perjudica al idioma, dice Salvador, “sino a las personas, que se ven privadas de la segunda lengua del mundo”.
¿Hasta qué punto estas políticas están afectando al conocimiento del castellano? Como sus homólogos de Galicia y Euskadi, Bernat Joan no tiene problema en asumir que “si de repente hay un bajón de rendimiento en castellano habría que corregir esta política”. A este respecto, poco trascendieron fuera de Cataluña unas declaraciones del conseller de Educación, Ernest Maragall, en las que reconocía que los niños de una escuela que acababa de visitar en Olot (en el interior de Girona) tenían “dificultades” para expresarse en castellano.
Pero hay pocos datos para estudiar el fenómeno. En cuanto a Galicia y Euskadi, puede servir el famoso informe PISA, sobre la calidad de la educación en la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico]. Los alumnos de estas comunidades hicieron la prueba de nivel mayoritariamente en castellano, y las notas en comprensión lectora superan con creces la media española. La enseñanza en estos idiomas tampoco para influir en el rendimiento en matemáticas, donde las tres comunidades también superan la media de España. En Cataluña, la prueba PISA se hizo en catalán, pero sirva como indicador que las notas medias en Selectividad son muy parecidas en las asignaturas de lengua catalana y lengua castellana.
La situación parece estar equilibrada en este momento histórico entre el castellano y las otras tres lenguas de España. Pero, ¿hasta dónde se pretende llegar? Imaginemos, por ejemplo, una Cataluña monolingüe en catalán. Bernat Joan responde rápidamente: “Sería horrible. Significaría que nos hemos aislado, que censuramos prensa y televisión en castellano, Eso es algo que los catalanohablantes hemos padecido, pero no lo hemos aplicado”. ”
Las frases “resumen” que publica el diario son:
- En Cataluña y Galicia no se puede estudiar sólo en castellano
- El 70% de los comercios de Euskadi no utiliza el idioma vasco
- La media de lectura en PISA de vascos y gallegos supera la media española
- “Lo que induce al conflicto es el sectarismo”, asegura el PP catalán
- La política lingüística no pone en peligro el castellano, dicen sus defensores
- “Queremos conseguir el dominio de las dos lenguas”, explican en Galicia
viernes, 25 de abril de 2008
La política lingüística en escena
Para cubrir esta monografía también de una forma práctica, iremos intercalando ejemplos y muestras de situaciones políticas referidas a la lengua con la “teoría” que hayamos podido recabar, como ya hicimos con la anterior entrada "Se cambian votos por andaluces bilingües".
Otra noticia de actualidad gira en torno a las intervenciones de Rosa Díez.
La líder del partido Unión Progreso y Democracia que se presentó a las pasadas elecciones generales del 9 de marzo, tiene mucho que decir y hacer en el terreno de la “política-lingüística”; porque es una de las políticas que más se ha pronunciado públicamente por la defensa del derecho a escolarizarse en la lengua oficial del Estado, de forma íntegra, a todo los alumnos cuyos padres lo prefieran así frente a la alternativa de cursar ciertas asignaturas en una lengua co-oficial. Y es que, en múltiples ocasiones, no se trata de una alternativa (por lo ya explicado sobre los Estatutos de Autonomía).
Así, en la intervención que realiza durante la investidura del Presidente del Gobierno acomete de la siguiente manera:
“[…] Unión Progreso y Democracia defiende la unidad de la nación española, pero no como un valor sentimental, sino como el único instrumento capaz de garantizar la igualdad. La igualdad de todos los ciudadanos españoles. España se romperá si se rompe la igualdad y afirmo que eso se ha empezado a romper. Le daré algunos ejemplos… a ver, España no se rompe si se le cae un trozo del mapa; no hay ningún riesgo de que se le caiga un trozo del mapa. España se rompe, la España constitucional que a nosotros interesa, se rompe si se rompe la igualdad. Le daré algunos ejemplos de por qué nos parece que esa igualdad se ha empezado a romper: la supresión práctica del bilingüismo en el sistema educativo catalán, imitado en Euskadi y Galicia, impide la libre circulación de las familias que se enfrentan a la escolarización de sus hijos en una lengua distinta a la castellana que está excluida prácticamente de los centros públicos de esas comunidades. Segundo ejemplo: la exigencia abusiva de conocimiento de la lengua co-oficial para concursar a puestos públicos discrimina a todos los españoles que viven en una Comunidad Autónoma que no tiene dos lenguas oficiales. Tercer ejemplo: los funcionarios son retribuidos de forma distinta para el mismo empleo en función de la autonomía en la que trabajen. Es el caso de los funcionarios de justicia o de los policías y guardias civiles en relación con los Mossos (d’esquadra) y la Ertzaintza. […].”
Esto viene recogido en el siguiente vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=V83pqhnqKRk&feature=related
El primer ejemplo refleja el conflicto que llega a provocar la interpretación de la Constitución en relación con los Estatutos de Autonomía. Ella explica cómo se ve desvirtuado el derecho a matricularse en un centro de enseñanza firmando por la lengua oficial del Estado; que, además, es utilizada en la mayor parte del territorio nacional. De manera directa, en otras intervenciones en la investidura pasada, acusa al reparto de competencias entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas. Pide que correspondan al Estado en materia de Educación.
El segundo ejemplo se trata de una consecuencia de esta disposicióna anterior. Añadamos que no sólo se ven perjudicadas aquellas personas que no manejan la lengua co-oficial con la que se verían obligados a comunicarse en caso de ser destinados a tales Comunidades Autónomas(por ejemplo) sino que también las empresas revestidas de su lengua co-oficial que aspiren a proyectarse al resto de Comunidades, verán limitados sus servicios. Ejemplo de ellos es el siguiente vídeo realizado por el diario español El Mundo: http://www.youtube.com/watch?v=JLBD_BsvhpY
Las frases que consideramos más noticieras son las siguientes:
“Muchas empresas abandonan Cataluña al imponerse rotular y doblar todo al catalán.”
“De 1960 a 1970 la economía catalana no dejó de crecer llegando a representar el 40% del PIB español, en 1996 a causa del catalanismo excluyente y la competencia de otras regiones la economía catalana ha pasado a representar tan sólo el 18,2% de la española”
“Cataluña ha pasado de ser la región más productiva de España a ocupar la sexta posición”
Por hablar en términos laborales, pero cualquier caso ocurrente y válido supondría un perjuicio igualmente.
Continuando con Rosa Díez, ella insiste en la segunda vuelta de la investidura del candidato a la presidencia José Luis Rodríguez Zapatero, dos días después de la primera celebrada el 9/3/2008, reitera lo que se aprecia en la siguiente grabación:
http://www.youtube.com/watch?v=Gp__XiR2fkc
Además de la insistencia reivindicativa en su posicionamiento frente al conflicto de la política lingüística, en este caso hace mención a las asociaciones de padres y alumnos que reclaman la libre matriculación en una lengua u otra indistintamente. Y en el próximo capítulo veremos una noticia que exalta tales asociaciones en defensa del castellano, entre otras actuaciones.
Como colofón otra noticia publicada acerca de las intenciones de Rosa Díez la vertemos a continuación como complemento a la explicación:
"elPeriódico.com
/ POLÍTICA
10/4/2008 LA INVESTIDURA EL DEBATE
Zapatero defiende la política lingüística de la Generalitat
1. • El presidente niega ante Rosa Díez que en Catalunya el castellano esté perseguido
2. • Elogia que se haya evitado la creación de dos comunidades divididas por el idioma
MANEL MANCHÓNMADRID
Una defensa encendida de la política lingüística de Catalunya, pero también de todas las lenguas "españolas" que son cooficiales en las distintas comunidades autónomas. Es lo que hizo ayer el candidato socialista a la presidencia, José Luis Rodríguez Zapatero, que no dudó en explayarse en sus argumentos ante la portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPD), Rosa Díez. La exeurodiputada del PSOE, bajo el pretexto de la "igualdad", descalificó el modelo de España que defiende Zapatero. Ambos evidenciaron un debate soterrado en la familia socialista, porque muchas de las expresiones que utilizó ayer Díez las ha pronunciado en repetidas ocasiones el flamante presidente del Congreso, José Bono, quien obsequió con algunos minutos más a la diputada de UPD.Díez mostró una de las caras más clásicas del socialismo español, aquella que considera que la igualdad de los ciudadanos pasa por un Estado fuerte, centralizado, que mantenga de forma férrea sus competencias. La diputada de UPD, un partido que ha surgido del rechazo a la España "plural" y "diversa" que reivindica Zapatero, se centró en su intervención en la educación y en los supuestos "privilegios" de algunas autonomías, entre ellas Catalunya. Consideró que España "no puede seguir soportando la constante y anárquica transferencia de competencias del Estado a las comunidades autónomas", y abogó, así, por un país "en el que se vele por la igualdad, la cohesión social y el interés general". Para Díez, España debería abrir un periodo de reflexión y dibujar un nuevo mapa competencial en el que el Estado recuperase algunas atribuciones, como las educativas.Las políticas lingüísticas, por tanto, no podían quedar en el tintero de la diputada. Díez consideró que se discrimina a los ciudadanos por reclamarles, para acceder a determinados puestos laborales, el conocimiento de las lenguas cooficiales, el catalán, el gallego y el euskera. Calificó este requisito de "exigencia abusiva" y criticó que existan diferentes sueldos de los cuerpos de funcionarios en función de la comunidad en que trabajan. Pero Zapatero se plantó. Al candidato socialista le tocaba cerrar la réplica y lo hizo con una encendida defensa del bilingüismo. Catalán, euskera y gallego "son lenguas españolas", sentenció, dejando claro que tras años de "ostracismo" se merecían la protección del Estado. Sus palabras provocaron los aplausos del grupo socialista, un hecho que quiso destacar con rapidez el PSC, necesitado de esos gestos."ÉXITO COLECTIVO"El candidato del PSOE fue más allá. Aseguró que la política lingüística en Catalunya había hecho posible, en todos los años de la democracia, una "convivencia" que calificó de "éxito colectivo", y que ha podido evitar el gran temor que se tenía sobre la creación de "comunidades lingüísticas separadas y enfrentadas". Afirmó que es el castellano la lengua dominante en la esfera pública en todas las autonomías, también en las que tienen lenguas cooficiales. E insistió en que desde la transición se ha aplicado una política de "defensa y de garantía" del bilingüismo y de las lenguas propias de algunas comunidades, como Catalunya. Sin embargo, respondió, ya desde los pasillos del Congreso, que la política lingüística en Catalunya perjudica a las personas con menos recursos.Pero el debate entre Zapatero y Díez también ilustró dos concepciones teóricas muy distantes. Zapatero le recordó que todo su aprendizaje sobre la pluralidad se lo debe al PSOE, aludiendo al pasado reciente de la exeurodiputada socialista, y agregó que el centralismo es, precisamente, una de las "fábricas más notables de la desigualdad social". El líder del PSOE concluyó que la España descentralizada es uno de los países de la Unión Europea (UE) con menos desigualdad."
Por último, cabe decir que la portavoz de UPD no es la única política que lucha por estas ideas ni tampoco la única persona.
Otra noticia de actualidad gira en torno a las intervenciones de Rosa Díez.
La líder del partido Unión Progreso y Democracia que se presentó a las pasadas elecciones generales del 9 de marzo, tiene mucho que decir y hacer en el terreno de la “política-lingüística”; porque es una de las políticas que más se ha pronunciado públicamente por la defensa del derecho a escolarizarse en la lengua oficial del Estado, de forma íntegra, a todo los alumnos cuyos padres lo prefieran así frente a la alternativa de cursar ciertas asignaturas en una lengua co-oficial. Y es que, en múltiples ocasiones, no se trata de una alternativa (por lo ya explicado sobre los Estatutos de Autonomía).
Así, en la intervención que realiza durante la investidura del Presidente del Gobierno acomete de la siguiente manera:
“[…] Unión Progreso y Democracia defiende la unidad de la nación española, pero no como un valor sentimental, sino como el único instrumento capaz de garantizar la igualdad. La igualdad de todos los ciudadanos españoles. España se romperá si se rompe la igualdad y afirmo que eso se ha empezado a romper. Le daré algunos ejemplos… a ver, España no se rompe si se le cae un trozo del mapa; no hay ningún riesgo de que se le caiga un trozo del mapa. España se rompe, la España constitucional que a nosotros interesa, se rompe si se rompe la igualdad. Le daré algunos ejemplos de por qué nos parece que esa igualdad se ha empezado a romper: la supresión práctica del bilingüismo en el sistema educativo catalán, imitado en Euskadi y Galicia, impide la libre circulación de las familias que se enfrentan a la escolarización de sus hijos en una lengua distinta a la castellana que está excluida prácticamente de los centros públicos de esas comunidades. Segundo ejemplo: la exigencia abusiva de conocimiento de la lengua co-oficial para concursar a puestos públicos discrimina a todos los españoles que viven en una Comunidad Autónoma que no tiene dos lenguas oficiales. Tercer ejemplo: los funcionarios son retribuidos de forma distinta para el mismo empleo en función de la autonomía en la que trabajen. Es el caso de los funcionarios de justicia o de los policías y guardias civiles en relación con los Mossos (d’esquadra) y la Ertzaintza. […].”
Esto viene recogido en el siguiente vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=V83pqhnqKRk&feature=related
El primer ejemplo refleja el conflicto que llega a provocar la interpretación de la Constitución en relación con los Estatutos de Autonomía. Ella explica cómo se ve desvirtuado el derecho a matricularse en un centro de enseñanza firmando por la lengua oficial del Estado; que, además, es utilizada en la mayor parte del territorio nacional. De manera directa, en otras intervenciones en la investidura pasada, acusa al reparto de competencias entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas. Pide que correspondan al Estado en materia de Educación.
El segundo ejemplo se trata de una consecuencia de esta disposicióna anterior. Añadamos que no sólo se ven perjudicadas aquellas personas que no manejan la lengua co-oficial con la que se verían obligados a comunicarse en caso de ser destinados a tales Comunidades Autónomas(por ejemplo) sino que también las empresas revestidas de su lengua co-oficial que aspiren a proyectarse al resto de Comunidades, verán limitados sus servicios. Ejemplo de ellos es el siguiente vídeo realizado por el diario español El Mundo: http://www.youtube.com/watch?v=JLBD_BsvhpY
Las frases que consideramos más noticieras son las siguientes:
“Muchas empresas abandonan Cataluña al imponerse rotular y doblar todo al catalán.”
“De 1960 a 1970 la economía catalana no dejó de crecer llegando a representar el 40% del PIB español, en 1996 a causa del catalanismo excluyente y la competencia de otras regiones la economía catalana ha pasado a representar tan sólo el 18,2% de la española”
“Cataluña ha pasado de ser la región más productiva de España a ocupar la sexta posición”
Por hablar en términos laborales, pero cualquier caso ocurrente y válido supondría un perjuicio igualmente.
Continuando con Rosa Díez, ella insiste en la segunda vuelta de la investidura del candidato a la presidencia José Luis Rodríguez Zapatero, dos días después de la primera celebrada el 9/3/2008, reitera lo que se aprecia en la siguiente grabación:
http://www.youtube.com/watch?v=Gp__XiR2fkc
Además de la insistencia reivindicativa en su posicionamiento frente al conflicto de la política lingüística, en este caso hace mención a las asociaciones de padres y alumnos que reclaman la libre matriculación en una lengua u otra indistintamente. Y en el próximo capítulo veremos una noticia que exalta tales asociaciones en defensa del castellano, entre otras actuaciones.
Como colofón otra noticia publicada acerca de las intenciones de Rosa Díez la vertemos a continuación como complemento a la explicación:
"elPeriódico.com
/ POLÍTICA
10/4/2008 LA INVESTIDURA EL DEBATE
Zapatero defiende la política lingüística de la Generalitat
1. • El presidente niega ante Rosa Díez que en Catalunya el castellano esté perseguido
2. • Elogia que se haya evitado la creación de dos comunidades divididas por el idioma
MANEL MANCHÓNMADRID
Una defensa encendida de la política lingüística de Catalunya, pero también de todas las lenguas "españolas" que son cooficiales en las distintas comunidades autónomas. Es lo que hizo ayer el candidato socialista a la presidencia, José Luis Rodríguez Zapatero, que no dudó en explayarse en sus argumentos ante la portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPD), Rosa Díez. La exeurodiputada del PSOE, bajo el pretexto de la "igualdad", descalificó el modelo de España que defiende Zapatero. Ambos evidenciaron un debate soterrado en la familia socialista, porque muchas de las expresiones que utilizó ayer Díez las ha pronunciado en repetidas ocasiones el flamante presidente del Congreso, José Bono, quien obsequió con algunos minutos más a la diputada de UPD.Díez mostró una de las caras más clásicas del socialismo español, aquella que considera que la igualdad de los ciudadanos pasa por un Estado fuerte, centralizado, que mantenga de forma férrea sus competencias. La diputada de UPD, un partido que ha surgido del rechazo a la España "plural" y "diversa" que reivindica Zapatero, se centró en su intervención en la educación y en los supuestos "privilegios" de algunas autonomías, entre ellas Catalunya. Consideró que España "no puede seguir soportando la constante y anárquica transferencia de competencias del Estado a las comunidades autónomas", y abogó, así, por un país "en el que se vele por la igualdad, la cohesión social y el interés general". Para Díez, España debería abrir un periodo de reflexión y dibujar un nuevo mapa competencial en el que el Estado recuperase algunas atribuciones, como las educativas.Las políticas lingüísticas, por tanto, no podían quedar en el tintero de la diputada. Díez consideró que se discrimina a los ciudadanos por reclamarles, para acceder a determinados puestos laborales, el conocimiento de las lenguas cooficiales, el catalán, el gallego y el euskera. Calificó este requisito de "exigencia abusiva" y criticó que existan diferentes sueldos de los cuerpos de funcionarios en función de la comunidad en que trabajan. Pero Zapatero se plantó. Al candidato socialista le tocaba cerrar la réplica y lo hizo con una encendida defensa del bilingüismo. Catalán, euskera y gallego "son lenguas españolas", sentenció, dejando claro que tras años de "ostracismo" se merecían la protección del Estado. Sus palabras provocaron los aplausos del grupo socialista, un hecho que quiso destacar con rapidez el PSC, necesitado de esos gestos."ÉXITO COLECTIVO"El candidato del PSOE fue más allá. Aseguró que la política lingüística en Catalunya había hecho posible, en todos los años de la democracia, una "convivencia" que calificó de "éxito colectivo", y que ha podido evitar el gran temor que se tenía sobre la creación de "comunidades lingüísticas separadas y enfrentadas". Afirmó que es el castellano la lengua dominante en la esfera pública en todas las autonomías, también en las que tienen lenguas cooficiales. E insistió en que desde la transición se ha aplicado una política de "defensa y de garantía" del bilingüismo y de las lenguas propias de algunas comunidades, como Catalunya. Sin embargo, respondió, ya desde los pasillos del Congreso, que la política lingüística en Catalunya perjudica a las personas con menos recursos.Pero el debate entre Zapatero y Díez también ilustró dos concepciones teóricas muy distantes. Zapatero le recordó que todo su aprendizaje sobre la pluralidad se lo debe al PSOE, aludiendo al pasado reciente de la exeurodiputada socialista, y agregó que el centralismo es, precisamente, una de las "fábricas más notables de la desigualdad social". El líder del PSOE concluyó que la España descentralizada es uno de los países de la Unión Europea (UE) con menos desigualdad."
Por último, cabe decir que la portavoz de UPD no es la única política que lucha por estas ideas ni tampoco la única persona.
jueves, 17 de abril de 2008
¿Castellano o español?
En esta entrada vamos a adentrarnos en la polémica existente en torno a la denominación de nuestra lengua, cuyos tintes políticos nos muestran como necesario el profundizar en esta cuestión.
Al comenzar nuestra búsqueda de la designación más correcta consultamos el Diccionario Panhispánico de Dudas que nos ofrece la página web de la Real Academia Española (www.rae.es).
Según ésta, lo más apropiado sería hablar de español, pues además de ser la lengua común de España también lo es de muchas naciones de América. Además, nos aconseja utilizar castellano únicamente para referirnos al dialecto romántico nacido en el Reino de Castilla durante la Edad Media; o bien, cuando se alude a la lengua común del Estado en relación con las otras lenguas cooficiales en sus respectivos territorios autónomos. Aún así estos dos términos (castellano y español) son sinónimos.
En la información que nos ofrece la Academia se da por superada la polémica que nosotras pretendemos tratar; pero si examinamos este tema tomándolo desde otras fuentes podemos comprobar que hoy en día se sigue cuestionando la validez de estos términos.
Según Alejandro Mena y Linares «las lenguas son objeto de manipulación política, ya que forman parte de ese conjunto de características que conforman el alma de un pueblo». Atendiendo a esta afirmación, podemos citar diversas opiniones con relación al tema tratado, provenientes de diferentes ilustrados de la lengua y que nos ayudarán a comprender mejor esta disputa.
Primeramente hemos de recordar (como ya vimos en la entrada anterior) que el artículo 3 de la Constitución Española dicta que «el castellano es la lengua oficial del Estado Español». La Constitución habla de castellano pero hemos de subrayar que ésta regula únicamente el territorio español por lo que el término no da lugar a la confusión con los territorios de Hispanoamérica.
El mexicano Sergio Zamora, quien escribe en su página web La lengua española, también le dedica un artículo a este enfrentamiento. Para él «el término español no es admitido por los muchos hablantes bilingües del Estado Español, pues entienden que español incluye los términos valenciano, gallego, catalán y vasco». Además se atreve a aventurar que «tanto derecho como tenemos los españoles en llamar castellano a nuestra lengua, lo tienen argentinos, venezolanos, mexicanos o panameños de calificarla como argentina, venezolana, mexicana y panameña. » Al mismo tiempo, apunta que «esto podría significar el primer paso para la fragmentación de un idioma, que por número de hablantes ocupa el tercer lugar entre las lenguas del mundo, el español.»
Para finalizar con nuestro discurso nos gustaría mencionar algunas alusiones al tema que estamos tratando, las cuáles se dieron en el II Congreso Internacional de la Lengua celebrado en Valladolid en 2001 (el último tuvo lugar en Colombia el año pasado). En este evento Camilo José Cela dio lugar a un debate sobre cómo denominar nuestro idioma advirtiendo sobre el peligro de la pérdida de «cierta idea» de la lengua. Además, el escritor arremetió contra los que «se avergüenzan de hablar del español y, en lugar de llamarlo por su nombre, prefieren decirle castellano».
En este debate catedráticos y escritores mostraron sus diferentes impresiones.
Por ejemplo Jon Juaristi, el director del Instituto Cervantes, dijo considerar la confrontación «español-castellano» como un «problema que se plantea sobre todo en el ámbito del nacionalismo catalán y vasco, así que no me gustaría convertirlo en un nuevo motivo de enfrentamiento. Entre los nacionalistas, paradójicamente, oigo a veces los mismos argumentos a los detractores de un término y a los de otro. Yo prefiero hablar de español, y además, como director del Cervantes, lo correcto es que diga español».
La autora de Azul, Rosa Regàs, recuerda que a ella le enseñaron en el colegio Lengua Castellana y así lo fue repitiendo. Pero aún así dice «no ver motivos para que alguien se avergüence de decir Lengua Española».
Por tanto, queda claro, y así nos lo hace ver también el escritor Amado Alonso en su libro Castellano, español, idioma nacional: Historia espiritual de tres nombres; que la denominación del español puede tener distintas connotaciones según desde el punto de vista analizado. Estas variaciones pueden derivar tanto de asuntos políticos como de cultura, o bien de lejanía de territorios; pero no hemos de despreciar ninguno de los términos pues cada uno puede ser apropiado para un determinado momento.
Al comenzar nuestra búsqueda de la designación más correcta consultamos el Diccionario Panhispánico de Dudas que nos ofrece la página web de la Real Academia Española (www.rae.es).
Según ésta, lo más apropiado sería hablar de español, pues además de ser la lengua común de España también lo es de muchas naciones de América. Además, nos aconseja utilizar castellano únicamente para referirnos al dialecto romántico nacido en el Reino de Castilla durante la Edad Media; o bien, cuando se alude a la lengua común del Estado en relación con las otras lenguas cooficiales en sus respectivos territorios autónomos. Aún así estos dos términos (castellano y español) son sinónimos.
En la información que nos ofrece la Academia se da por superada la polémica que nosotras pretendemos tratar; pero si examinamos este tema tomándolo desde otras fuentes podemos comprobar que hoy en día se sigue cuestionando la validez de estos términos.
Según Alejandro Mena y Linares «las lenguas son objeto de manipulación política, ya que forman parte de ese conjunto de características que conforman el alma de un pueblo». Atendiendo a esta afirmación, podemos citar diversas opiniones con relación al tema tratado, provenientes de diferentes ilustrados de la lengua y que nos ayudarán a comprender mejor esta disputa.
Primeramente hemos de recordar (como ya vimos en la entrada anterior) que el artículo 3 de la Constitución Española dicta que «el castellano es la lengua oficial del Estado Español». La Constitución habla de castellano pero hemos de subrayar que ésta regula únicamente el territorio español por lo que el término no da lugar a la confusión con los territorios de Hispanoamérica.
El mexicano Sergio Zamora, quien escribe en su página web La lengua española, también le dedica un artículo a este enfrentamiento. Para él «el término español no es admitido por los muchos hablantes bilingües del Estado Español, pues entienden que español incluye los términos valenciano, gallego, catalán y vasco». Además se atreve a aventurar que «tanto derecho como tenemos los españoles en llamar castellano a nuestra lengua, lo tienen argentinos, venezolanos, mexicanos o panameños de calificarla como argentina, venezolana, mexicana y panameña. » Al mismo tiempo, apunta que «esto podría significar el primer paso para la fragmentación de un idioma, que por número de hablantes ocupa el tercer lugar entre las lenguas del mundo, el español.»
Para finalizar con nuestro discurso nos gustaría mencionar algunas alusiones al tema que estamos tratando, las cuáles se dieron en el II Congreso Internacional de la Lengua celebrado en Valladolid en 2001 (el último tuvo lugar en Colombia el año pasado). En este evento Camilo José Cela dio lugar a un debate sobre cómo denominar nuestro idioma advirtiendo sobre el peligro de la pérdida de «cierta idea» de la lengua. Además, el escritor arremetió contra los que «se avergüenzan de hablar del español y, en lugar de llamarlo por su nombre, prefieren decirle castellano».
En este debate catedráticos y escritores mostraron sus diferentes impresiones.
Por ejemplo Jon Juaristi, el director del Instituto Cervantes, dijo considerar la confrontación «español-castellano» como un «problema que se plantea sobre todo en el ámbito del nacionalismo catalán y vasco, así que no me gustaría convertirlo en un nuevo motivo de enfrentamiento. Entre los nacionalistas, paradójicamente, oigo a veces los mismos argumentos a los detractores de un término y a los de otro. Yo prefiero hablar de español, y además, como director del Cervantes, lo correcto es que diga español».
La autora de Azul, Rosa Regàs, recuerda que a ella le enseñaron en el colegio Lengua Castellana y así lo fue repitiendo. Pero aún así dice «no ver motivos para que alguien se avergüence de decir Lengua Española».
Por tanto, queda claro, y así nos lo hace ver también el escritor Amado Alonso en su libro Castellano, español, idioma nacional: Historia espiritual de tres nombres; que la denominación del español puede tener distintas connotaciones según desde el punto de vista analizado. Estas variaciones pueden derivar tanto de asuntos políticos como de cultura, o bien de lejanía de territorios; pero no hemos de despreciar ninguno de los términos pues cada uno puede ser apropiado para un determinado momento.
sábado, 12 de abril de 2008
Régimen lingüístico, desde la Constitución.
Por el espacio y la voluntariedad del trabajo, hemos decidido centrarnos en la política lingüística que afecta principalmente al Estado español por varios motivos. Entre ellos: la cercanía y accesibilidad a la documentación española, nuestra participación en cierto modo de ésta realidad socio-lingüística, el seguimiento del noticiario que hemos encontrado vinculado al tema, etc.
La forma política de nuestra nación es la Monarquía parlamentaria, dicta la Constitución Española de 1978. En su preámbulo proclama lo siguiente: “La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en su uso de soberanía, proclama su voluntad de:
[…] Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.”
En el Artículo 3: “1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.”
Esto, en otras palabras, quiere decir que la lengua oficial es el castellano, pero las demás lenguas serán co-oficiales en sus respectivas Comunidades junto con la primera. Igualmente, con carácter personal no se establecen unos límites de uso, en un país libre por definición; pero sí se parcela por ámbitos políticos el bilingüismo. En exclusiva respondiendo a los Estatutos de Autonomía (aprobados mediante Ley Orgánica), los cuales permiten a cada territorio autonómico establecer su lengua alternativa al castellano en todos los organismos e instituciones que no pertenezcan al Estado. Por ejemplo, un Ministerio del Gobierno de España tiene la obligación de dar a conocer sus funciones y procesos en castellano. Mientras que un centro de docencia, al pertenecer a la Comunidad Autónoma, puede impartir sus clases desde otra opción lingüística de enseñanza.
viernes, 4 de abril de 2008
Nueva lengua oficial: el lenguaje de signos
Antes del 23 de octubre de 2007 la lengua de signos no estaba registrada legalmente, pero a partir de la fecha, gracias a la Ley 27/2007 se reconocieron las lenguas de signos españolas.
Antes de meternos en materia legal para explicar brevemente lo que ha supuesto la ley para la comunidad lingüística, vamos ha hacer un breve repaso sobre los antecedentes históricos de las lenguas de signos en España, tal como lo hemos hecho con las demás idiomas existentes en nuestro país.
Los primeros indicios históricos que se tienen sobre esta lengua desde un punto de vista educativo datan del siglo XVI, gracias al inicio de los monjes en la educación de niños sordos.
En esa época en los monasterios se mantenía un silencio permanente y los religiosos se comunicaban por medio de signos manuales. Pedro Ponce de León, un monje benedictino, llegó a la conclusión de que era posible mostrar la razón sin utilizar la comunicación oral, tal como hacían ellos mismos en los monasterios. Así, utilizó un sistema de gestos para comunicarse con los niños sordos.
En la segunda mitad del siglo XVIII se publica un tratado titulado Escuela española de sordomudos o arte para enseñarles a escribir y hablar el idioma español. Este escrito supone un gran avance para la integración de las personas sordas.
Más tarde, ya en el siglo XIX, se establecen en España los primeros colegios de sordomudos, lo que hace posible la institucionalización de la educación de las personas sordas y sordociegas.
En el último cuarto del siglo XX se produjo una reivindicación de las lenguas de signos española y catalana consideradas como instrumentos de comunicación propios de las personas con minusvalía auditiva que eligieran utilizarla.
La lengua de signos catalana ha tenida un desarrollo similar a la española.
El Parlamento de Catalunya aprobó el día 30 de junio de 1994 la Proposición no de Ley sobre la promoción y la difusión del conocimiento del lenguaje de signos. En el año 2005 aparece la primera Gramática básica de lengua de signos catalana. Y, finalmente en el año 2006 el Estatuto de Autonomía de Cataluña realiza un reconocimiento de la lengua de signos catalana.
Volviendo a la Ley 27/2007, se consideran "lenguas de signos españolas", todas las variantes empleadas en España. Así, la lengua de signos catalana tiene su propia autonomía normativa en su ámbito territorial y está explícitamente reconocida en el Estatuto de Autonomía de Cataluña; en el caso valenciano, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana únicamente especifica "la lengua de signos propia de las personas sordas". La lengua de signos española está reconocida también, de forma explícita en los Estatutos de Autonomía de Andalucía y Aragón.
Por medio de esta legislación quedan regulados también todos los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
La ley establece a su vez la creación, en el Real Patronato sobre Discapacidad, del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, cuya finalidad será la de investigar, fomentar, difundir y velar por el buen uso de esta lengua.
En conclusión, gracias a esta acción del gobierno, como ha sido la de reconocer lo que todos los usuarios del lenguaje de signos estaban esperando, se ha dado una oportunidad a la comunicación, que constituye un derecho fundamental para el ser humano.
Antes de meternos en materia legal para explicar brevemente lo que ha supuesto la ley para la comunidad lingüística, vamos ha hacer un breve repaso sobre los antecedentes históricos de las lenguas de signos en España, tal como lo hemos hecho con las demás idiomas existentes en nuestro país.
Los primeros indicios históricos que se tienen sobre esta lengua desde un punto de vista educativo datan del siglo XVI, gracias al inicio de los monjes en la educación de niños sordos.
En esa época en los monasterios se mantenía un silencio permanente y los religiosos se comunicaban por medio de signos manuales. Pedro Ponce de León, un monje benedictino, llegó a la conclusión de que era posible mostrar la razón sin utilizar la comunicación oral, tal como hacían ellos mismos en los monasterios. Así, utilizó un sistema de gestos para comunicarse con los niños sordos.
En la segunda mitad del siglo XVIII se publica un tratado titulado Escuela española de sordomudos o arte para enseñarles a escribir y hablar el idioma español. Este escrito supone un gran avance para la integración de las personas sordas.
Más tarde, ya en el siglo XIX, se establecen en España los primeros colegios de sordomudos, lo que hace posible la institucionalización de la educación de las personas sordas y sordociegas.
En el último cuarto del siglo XX se produjo una reivindicación de las lenguas de signos española y catalana consideradas como instrumentos de comunicación propios de las personas con minusvalía auditiva que eligieran utilizarla.
La lengua de signos catalana ha tenida un desarrollo similar a la española.
El Parlamento de Catalunya aprobó el día 30 de junio de 1994 la Proposición no de Ley sobre la promoción y la difusión del conocimiento del lenguaje de signos. En el año 2005 aparece la primera Gramática básica de lengua de signos catalana. Y, finalmente en el año 2006 el Estatuto de Autonomía de Cataluña realiza un reconocimiento de la lengua de signos catalana.
Volviendo a la Ley 27/2007, se consideran "lenguas de signos españolas", todas las variantes empleadas en España. Así, la lengua de signos catalana tiene su propia autonomía normativa en su ámbito territorial y está explícitamente reconocida en el Estatuto de Autonomía de Cataluña; en el caso valenciano, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana únicamente especifica "la lengua de signos propia de las personas sordas". La lengua de signos española está reconocida también, de forma explícita en los Estatutos de Autonomía de Andalucía y Aragón.
Por medio de esta legislación quedan regulados también todos los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
La ley establece a su vez la creación, en el Real Patronato sobre Discapacidad, del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, cuya finalidad será la de investigar, fomentar, difundir y velar por el buen uso de esta lengua.
En conclusión, gracias a esta acción del gobierno, como ha sido la de reconocer lo que todos los usuarios del lenguaje de signos estaban esperando, se ha dado una oportunidad a la comunicación, que constituye un derecho fundamental para el ser humano.
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