En cuatro autonomías españolas se impide estudiar en español
El País Vasco se sumará en septiembre al modelo de inmersión de Cataluña, Galicia y Baleares
MADRID. – Que unos padres quieran que sus hijos estudien en castellano cuando ésa es la lengua oficial del Estado es una perogrullada. Pero en cuatro Comunidades Autónomas –Cataluña, Baleares, Galicia y País Vasco- o es imposible encontrar un colegio en el que la enseñanza sea en castellano o es harto improbable.
En las tres primeras, los sistemas de inmersión lingüística se aprobaron hace más de una década y han desterrado el español de las aulas. En el País Vasco, donde el sistema de tres modelos lingüísticos fue elogiado en principio, el reciente decretazo del lehendakari fija ahora unos niveles mínimos de euskara al terminar la Secundaria que ha propiciado que los pocos colegios que mantenían el modelo de enseñanza en castellano lo estén eliminando de sus opciones.
Los cuatro invitados presiden diversos movimientos cívicos que aglutinan a miles de padres: Pablo Gay-Pobes, la Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística, en el País Vasco; Gloria Lago, Galicia Bilingüe; Martina Rodríguez, la Asociación por la Tolerancia, en Cataluña; y Jorge Campos, el Círculo Balear.
Todos ellos no sólo luchan contra esta realidad en sus respectivas comunidades, sino que hacen frente a la estigmatización política y social que les está acarreando defender un derecho constitucional. Esta semana dieron cuenta de esta lucha imposible en el Foro de Debate de EL MUNDO.
Carmen Iglesias: <
Rosa Díez: <<Ésta no es una persecución de las lenguas, es una persecución de las personas>>
MADRID.- La presidente de Unidad Editorial, Carmen Iglesias, comparó el silencio y la impotencia de los padres que quieren educar a sus hijos en castellano y no pueden con las víctimas de ETA hasta que el espíritu de Ermua sacó a la gente a la calle.
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La diputada de UPyD, Rosa Díez, presente en el foro, manifestó que <
LA REBELIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL
Pablo Gay-Pobes: << ¿El futuro? Pues en el País Vasco tendremos una sociedad de paletos e ignorantes. Eso sí, euskaldunes>>
Marita Rodríguez: <<, con el modelo bilingüe, había gran demanda de castellano. Eso alarmó a los nacionalistas>>
Gloria Lago:
Jorge Campos:
LIDERAN DIVERSAS PLATAFORMAS EN EL PAIS VASCO, GALICIA, CATALUÑA Y BALEARES EN DEFENSA DE LA COOFICIALIDAD CONSTITUCIONAL DE LAS LENGUAS. EN SUS COMUNIDADES, LAS LEYES Y DECRETOS SOBRE INMERSION LINGÜISTICA IMPIDEN QUE EL CASTELLANO SE HABLE EN LAS AULAS.
Se abre el artículo con las palabras de Gloria Lago, aunque no todas. Destaca la oficialidad de la lengua española como realidad jurídica a reconocer por la administración.
En conjunto, defienden una libertad que se ve cuestionada -como hemos ido viendo en otras inclusiones- pero es curioso que tachen de cooficiales a las lenguas “alternativas” en éstas comunidades cuando allí son también oficiales, o eso dice la Constitución. Piden responsabilidades a los poderes públicos en un intento de mitigar el despropósito al que se está llegando con ejemplos como “la exclusión social y laboral” o las limitaciones impuestas a la hora de cursar estudios en una lengua u otra.
Apolíticos confesos de cara a equilibrar esta situación socio-política, se les ha llegado a relacionar con el Partido Popular por analogía; es más, leyes hechas por este partido hacia 1980 en Galicia y Baleares son supuestas causantes de la desigualdad actual. Comunidades lideradas por el Partido Socialista y, sin embargo, apoyadas por los nacionalistas como Ezquerra Republicana de Catalunya, independentista y Unió Mallorquina, más centrista. También en Catalunya CiU fue la responsable de la inmersión lingüística. De otra parte, la mayor protección del castellano en Euskadi nace de Gobiernos nacionalistas. Y es esta comunidad la que tiene un sistema de libre elección lingüística ejemplar; con la desavenencia de haber logrado gran parte de la extinción del castellano en las escuelas, además por un decreto intacto por el Parlamento Vasco. Esto quiere decir que aun queda el reclamo legal.
Así intervenían en el coloquio:
Casimiro García-Abadillo pone en entredicho la argumentación de muchos políticos que infunden calma argumentando una simple falta de demanda.
Gloria Lago por su parte acude a una encuesta llevada a cabo en Galicia que resulta un 80% de defensa al hecho de poder elegir frente a un 12% partidario de señalizar en gallego. En suma, el 87% se acoge a la enseñanza castellana en toda la nación.
Pedro J. Ramírez afirma similitud en Mallorca.
Así lo detalla Jorge Campos mencionando a un 82,2% sobre mil llamadas partidaria de una libertad efectiva en una comunidad que, para mayor paradoja, el 87,5% de los afiliados a Unió Mallorquina quiere que así sea. En este sentido también los funcionarios públicos denuncian la imposición del catalán en su oficio.
Marita Rodríguez habla de los tres sectores preponderantemente manifiestos: los que apuestan por el modelo bilingüe; los favorecedores del monolingüismo catalán o los socios del habla castellana. Respectivamente: mayoría, minoría y minoría.
Pablo Gay-Pobes tiene entre manos un ejemplo sino más significativo, más alarmante. Y es que el Departamento de Educación en Euskadi no oferta el modelo A (en castellano). Alegan la defensa de la justicia por 2 vías principales –explica- : una evidencia la inexistencia de una demanda acreditada. La otra recuerda que el 95% de Vitoria es castellanohablante. Un ejemplo que acompaña la explicación es la del centro educativo que denuncian por haber cerrado las plazas que optaban por el modelo A, el cual el año anterior había cubierto el cupo. Tras los trámites formales que llevaron a cabo obtuvieron cero soluciones por parte del Departamento de Educación, de la Alta Inspección e incluso del Gobierno de Educación; pero un titular del periódico del centro que decía “Si un centro está financiado por Educación, debe aceptar sus órdenes también en temas lingüísticos”. Encuentran el origen del conflicto en la subvenciones de la Administración por lo que quieren transmitir el desarreglo a la Comisión Europea.
Gloria Lago encuentra conveniente matizar que la denominación de lenguas minoritarias, pues España aprobó la Carta Europea de Lengua Regionales o Minoritarias (http://www.lexureditorial.com/boe/0109/17500.htm) en paridad con Reino Unido sin ser, en nuestro caso, de igual necesidad.
Por sintetizar el debate en conjunto: éste continúa con apelaciones a los Derechos Humanos; se habla de derogar en Baleares el decreto de mínimos del uso del catalán y se estima la recuperación de las competencias del Estado en materia educativa a fin de que se armonice el Estado. Siguen quejas sobre la Comisión de Peticiones, la cual no les solucionó mucho con la intromisión de los nacionalistas, por lo que se acaba denunciando al Gobierno español, máximo responsable.
Otro ejemplo discriminatorio es el caso de los niños sordos que requieren de una logopedia en la lengua materna.
En otro orden, Jorge Campos opina que es un problema político pudiéndose subsanar de igual manera por vía política, derogando una serie de leyes. Arcadi Espada rebate y explica que se trata de un fenómeno intelectual “en el fondo de la cuestión está nada más que el prestigio que todos hemos dado a las lenguas como signos de identidad”.
Jorge Campos replica que en 1980, 800 intelectuales: filólogos, lingüistas, especialistas en lenguas romance, etc. se congregaron en un congreso de lenguas románicas donde se trató la normalización lingüística en Baleares y rechazaron este tipo de políticas…
Explican que este problema es fundamentalmente de origen cuando entre los más pequeños surten diferencias que llevan a insultos o humillaciones, una vez se les ha explicado que su lengua viene con ellos y forma parte de su identidad. Hay personas que llegan a creer que se relaciona con el RH y ADN hereditarios. Se ha llegado a ver la figura del VAL (voluntario de activación lingüística) que vigila la lengua en la que se expresan, por ejemplo carteles.
En un momento dado describen el proceso de demanda y oferta como una retroalimentación viciada, pues la gente no va a querer a educar a sus pequeños en una lengua que se le va a exigir, por muy minoritaria que sea; pero, como es lógico, la respuesta a este planteamiento es ser prácticos: pues el castellano es hablado por 400 millones de personas.
Se dificulta de tal manera la libertad que hasta en Cataluña se dan casos en los que “exilian” a sus hijos para estudiar fuera o se contratan profesores particulares.
Una vez más, se reclama el modelo bilingüe previo a los decretos de inmersión que surgieron tras la inmensa demanda de castellano que les alarmó, Marita Rodríguez continúa: “Ese pensamiento nacionalista sí lo entiendo: a través de la lengua quieren crear nación y, a través de la nación, Estado.
La desesperación ante una realidad curable crece con el ejemplo del mode de Andorra, donde tienen como lengua oficial el catalán pero se puede estudiar en castellano y francés.
Avanzado el debate se pasa a relacionar al partido gobernante, líder, junto con el “sublíder” con la política lingüística… pero cabría hacer un debate del debate, en este sentido.
Elena Santolaya rompe con preguntas directas acerca del futuro de los niños educados bajo estas condiciones y de una persona que decide mudarse a otra de estas comunidades. Jorge Campos es el encargado de dar respuesta con el ejemplo de jóvenes universitarios que pierden el primer o los dos primeros años por desenvolverse de forma inapropiada en la lengua exigida; de otra parte, el trabajador “extranjero” en estas comunidades prácticamente no puede desempeñar su labor en la Administración pública o necesitan un nivel de filólogo para poder acceder a puestos en general, lo mismo ocurre a la inversa: tratar de salir de esas comunidades con un nivel suficiente de castellano.
“La cooficialidad exige que el ciudadano pueda requerir de la administración el servicio de la lengua en su elección” aclara Marita Rodríguez quien por consiguiente declara que la UNESCO apoya los grupos diferenciados por lengua.
A continuación se reflejan íntegramente fragmentos de monólogos de los propios participantes:
ROSA DIEZ (UPyD)«La Constitución no debería proteger las lenguas»La diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, acudió al foro de EL MUNDO para escuchar, de viva voz, las quejas de los padres que no pueden elegir la lengua en la que sus hijos son educados en sus respectivas comunidades.La presidenta de UPyD se alegró de ver a los cuatro representantes regionales dispuestos a una acción conjunta porque, afirmó, «no enfocaremos bien el problema si sólo lo orientamos desde la perspectiva de cuatro asociaciones o cuatro movimientos cívicos».«Lo que estáis planteando -observó- es una reivindicación política, de política con mayúsculas porque estáis haciendo una llamada contra la discriminación».«Ya sé que en España enseguida se confunde lo político con lo partidario, pero yo creo que no deberíais renunciar a vuestro carácter político y que deberíais incluso reivindicarlo», insistió.Recordó, entonces, los inicios de Basta Ya! como plataforma cívica que se vio.
CARMEN IGLESIAS«No es un problema legal, es una perversión de la democracia»«Una vez le pregunté a uno de los constituyentes: '¿Cómo hemos llegado a esta situación y cómo lo permitisteis?' Y dijo: 'Bueno, pues estábamos preocupados por las Fuerzas Armadas, por Interior, algo de Justicia...; y, bueno, Educación se lo dejamos a los más radicales para que se quedaran callados'».Quien expuso así uno de los posibles orígenes del problema es la presidenta de Unidad Editorial, Carmen Iglesias, que se mostró pesimista sobre la posibilidad de ganar «la batalla de la educación en democracia». «No sólo es un problema legal, sino democrático; una perversión de la democracia y una gran falta de libertades», consideró.Miembro de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de la Lengua, Carmen Iglesias se mostró preocupada por el aislamiento, el silencio y la soledad a la que se ven condenados los padres que quieren que sus hijos estudien en castellano, pero no se ven capaces de emprender esa lucha por infructuosa y por temor al aislamiento de los niños y a la falta de oportunidades laborales en su tierra.«Me da la impresión de que, mutatis mutandi, estamos igual que como estábamos con las víctimas de ETA antes del espíritu de Ermua, que los políticos no empezaron a movilizarse hasta que la gente normal salió a manifestarse, el problema saltó a la calle y ya, por lo menos, no hay que enterrar a escondidas a los asesinados», describió.«Me pregunto cómo se podría movilizar a la sociedad civil. Es que, si no, los políticos no nos harán caso nunca», señaló. «Efectivamente -añadió-, los dos grandes partidos han tenido mayorías absolutas y no se han preocupado de estas cuestiones». Se planteó entonces qué gente con autoridad intelectual, «gente de las universidades», podría implicarse en esta lucha. «Pero me da la impresión de que la gente que, en otros tiempos, era crítica está totalmente fascinada por ese poder totalitario y tienen una responsabilidad grave en la extensión de ese totalitarismo», afirmó.Arcadi Espada, presente en el Foro, también se preguntó por qué no ha habido en Cataluña una burguesía como aquella que durante el franquismo hizo colegios para que sus hijos pudieran estudiar catalán. «Está toda esa gente que se le llena la boca con requisitorios contra el idioma, pero que, a la hora de intervenir directamente en la creación de alternativas, se muestra pasiva. No han sido capaces de crear una red de colegios que pudieran haber llamado, qué se yo, Instituto Nacional Uruguayo o algo así».«Son grupos -respondió Carmen Iglesias- que temen bastante la competencia abierta y están refugiados en esos clientelismos; dependen de los políticos y de sus concesiones».«Yo ya he dicho en varias ocasiones que el clientelismo nacionalista es el caciquismo del siglo XXI», añadió.Iglesias y Espada también intercambiaron pareceres sobre una de las cuestiones candentes del debate: por qué no se escuchan denuncias públicas en masa contra la falta de libertad de elección. Para el colaborador de EL MUNDO, eso es una muestra de «inteligencia popular»: «La gente no va a querer para sus hijos algo muy diferente del mundo en que se van a encontrar cuando los niños sean mayores y quieren asegurarse de que el muchacho trabajará».A lo que la académica respondió que «habría que ampliar un poco esa inteligencia popular porque en el futuro, a pesar de la imposición actual, el catalán o el gallego no va a tener sentido al lado de 400 millones de hispanohablantes».
PABLO GAY-POBES / LIBERTAD DE ELECCION LINGÜISTICA«Se nos priva de lo legalmente fijado»En el País Vasco, la ley sobre educación votada en su Parlamento hace 15 años fija tres modelos entre los cuales pueden elegir los padres: el A, íntegramente en castellano, salvo la asignatura de euskara; el B, con la mitad de horas lectivas en castellano y la otra mitad en euskara; y el D (no hay C en la lengua vasca), íntegramente en euskara, salvo la asignatura en castellano.Pero el Gobierno vasco ha convertido en papel mojado la ley con la aprobación -en contra de la recomendación de sus propios informes jurídicos- de un decreto (en octubre de 2007) que «establece dos novedades», ilustra Gay-Pobes: «Una, que la lengua vehicular de la enseñanza es el euskara; y dos, que los alumnos deben tener un nivel B-2 en euskara (el anterior al que deben tener los profesores de dicha lengua) al terminar la ESO».El Gobierno vasco les ha dicho a esta plataforma de padres que el decreto, aunque está en vigor desde noviembre, no se está aplicando. Sin embargo, el día que Pablo debatía en EL MUNDO, su hija estaba haciendo un examen de euskara, en virtud de dicho decreto, según decía la carta que llegó a la familia.Por un lado, «se nos priva del sistema legalmente establecido».Pero, además, está en juego la educación de los niños: «El 95% desconoce absolutamente el idioma en el que le van a impartir los conocimientos», denuncia.
MARITA RODRIGUEZ / ASOCIACION POR LA TOLERANCIA«Está prohibido dar clase en castellano»«Nosotros lo tenemos un poco peor en Cataluña», afirma esta profesora catalana.«Hace mucho, a principios de los 90, que ya empezamos con estos decretos de inmersión», explica. Después, vino la ley política lingüística del 98, «que realmente supuso la exclusión absoluta, prácticamente del castellano». Sólo hasta los siete años los niños pueden pedir clases en castellano.«Se salva un poco con lo de que las clases se harán normalmente en catalán», dice, pero ese normalmente se interpreta como imperativo legal.«El otro día, un inspector que me vio dar clase en castellano me dijo: '¿Cómo es que das las clases en castellano? ¡Está prohibido!'».Cuando le citó lo que dice la ley, el funcionario le contestó: «Esa excepción, cuando se sale uno del normalmente, hay que justificarlo por escrito y tiene que tener el respaldo de todo el claustro».«Creemos que están violando un derecho constitucional claramente», afirma Marita. «Se puede estudiar en inglés, en alemán, en japonés, en italiano , pero no hay ni un solo centro donde se pueda estudiar en castellano, quizá para unos pocos locos desviados que quieren que sus hijos aprendan en castellano», ironiza. Es «absurdo», dice, que «en París, Londres y Nueva York, puedas estudiar en español, y en Cataluña, no».«Hay una intención clara de exclusión», concluye.JORGE CAMPOS / CIRCULO BALEAR«Tenemos un 40% de fracaso escolar»«En Baleares parece que no pasa nada; es como un mundo feliz, pero hay un verdadero problema de libertades. Tenemos un sistema legal educativo claramente totalitario, en el que no se puede estudiar en la lengua oficial del Estado, el idioma común de todos los españoles», explica Jorge Campos.Pero en Baleares no ha sido obra de los nacionalistas -una minoría- ni de los socialistas -actualmente en el Gobierno-, sino de los sucesivos gobiernos del PP.«El origen lo tiene el Estatuto de Autonomía de 1983, donde ya se indica que hay una primacía absoluta del catalán sobre el castellano», explica. Y ahí, en la denominación de la lengua como catalán es donde comienzan los problemas, según este defensor del bilingüismo. «Nosotros nunca habíamos llamado catalán a lo que hablábamos. Siempre habíamos dicho que era mallorquín, menorquín e ibicenco. Ahora, además, han convertido la lengua en una cuestión cultural y política», opina.El presidente del Círculo Balear, con 2.000 simpatizantes tras él, asegura que se trata de un problema político y de una falta de democracia, y que sólo se resolverá cuando un partido grande se atreva a ser consciente del problema.También sostiene que la inmersión lingüística es la responsable del 40% de fracaso y abandono escolar que hay en Baleares.GLORIA LAGO / GALICIA BILINGÜE«Se adoctrina contra el español a los niños»Gloria sufre en su propio instituto, de sus propios alumnos, la estigmatización por liderar una plataforma que reivindica la enseñanza en las dos lenguas oficiales de su comunidad.«Vamos a pasos agigantados copiando el modelo catalán y se está adoctrinando a los chicos con el mensaje de que el español es una lengua invasora. Yo tengo que soportar de todo en mi instituto, pero es que al niño que habla en español le llaman facha y le pintan la mesa», cuenta.El origen legal de la eliminación del castellano en la Administración y en la Educación está en la ley de normalización lingüística de 1983, cuando el PP gobernaba la Xunta. Aquella norma quería «devolver el prestigio a la lengua gallega». «Pero el término promover o fomentar lo han utilizado como una imposición». En los colegios gallegos, las asignaturas troncales, salvo lengua española, se dan en gallego y el resto -«las marías»- en castellano.«Pero en algunos ni se cumplen esos mínimos», asegura.«Cualquier persona de fuera que llegue a nuestra tierra se sentirá un extranjero porque no va a ver nada en español en ningún organismo oficial; ha desaparecido en todas las comunicaciones con el ciudadano».«Además, se utiliza el gallego normativo, no el gallego habitual, y mucha gente no lo entiende».«Hay muchos intereses económicos, que es parte del problema», critica.
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