Para cubrir esta monografía también de una forma práctica, iremos intercalando ejemplos y muestras de situaciones políticas referidas a la lengua con la “teoría” que hayamos podido recabar, como ya hicimos con la anterior entrada "Se cambian votos por andaluces bilingües".
Otra noticia de actualidad gira en torno a las intervenciones de Rosa Díez.
La líder del partido Unión Progreso y Democracia que se presentó a las pasadas elecciones generales del 9 de marzo, tiene mucho que decir y hacer en el terreno de la “política-lingüística”; porque es una de las políticas que más se ha pronunciado públicamente por la defensa del derecho a escolarizarse en la lengua oficial del Estado, de forma íntegra, a todo los alumnos cuyos padres lo prefieran así frente a la alternativa de cursar ciertas asignaturas en una lengua co-oficial. Y es que, en múltiples ocasiones, no se trata de una alternativa (por lo ya explicado sobre los Estatutos de Autonomía).
Así, en la intervención que realiza durante la investidura del Presidente del Gobierno acomete de la siguiente manera:
“[…] Unión Progreso y Democracia defiende la unidad de la nación española, pero no como un valor sentimental, sino como el único instrumento capaz de garantizar la igualdad. La igualdad de todos los ciudadanos españoles. España se romperá si se rompe la igualdad y afirmo que eso se ha empezado a romper. Le daré algunos ejemplos… a ver, España no se rompe si se le cae un trozo del mapa; no hay ningún riesgo de que se le caiga un trozo del mapa. España se rompe, la España constitucional que a nosotros interesa, se rompe si se rompe la igualdad. Le daré algunos ejemplos de por qué nos parece que esa igualdad se ha empezado a romper: la supresión práctica del bilingüismo en el sistema educativo catalán, imitado en Euskadi y Galicia, impide la libre circulación de las familias que se enfrentan a la escolarización de sus hijos en una lengua distinta a la castellana que está excluida prácticamente de los centros públicos de esas comunidades. Segundo ejemplo: la exigencia abusiva de conocimiento de la lengua co-oficial para concursar a puestos públicos discrimina a todos los españoles que viven en una Comunidad Autónoma que no tiene dos lenguas oficiales. Tercer ejemplo: los funcionarios son retribuidos de forma distinta para el mismo empleo en función de la autonomía en la que trabajen. Es el caso de los funcionarios de justicia o de los policías y guardias civiles en relación con los Mossos (d’esquadra) y la Ertzaintza. […].”
Esto viene recogido en el siguiente vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=V83pqhnqKRk&feature=related
El primer ejemplo refleja el conflicto que llega a provocar la interpretación de la Constitución en relación con los Estatutos de Autonomía. Ella explica cómo se ve desvirtuado el derecho a matricularse en un centro de enseñanza firmando por la lengua oficial del Estado; que, además, es utilizada en la mayor parte del territorio nacional. De manera directa, en otras intervenciones en la investidura pasada, acusa al reparto de competencias entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas. Pide que correspondan al Estado en materia de Educación.
El segundo ejemplo se trata de una consecuencia de esta disposicióna anterior. Añadamos que no sólo se ven perjudicadas aquellas personas que no manejan la lengua co-oficial con la que se verían obligados a comunicarse en caso de ser destinados a tales Comunidades Autónomas(por ejemplo) sino que también las empresas revestidas de su lengua co-oficial que aspiren a proyectarse al resto de Comunidades, verán limitados sus servicios. Ejemplo de ellos es el siguiente vídeo realizado por el diario español El Mundo: http://www.youtube.com/watch?v=JLBD_BsvhpY
Las frases que consideramos más noticieras son las siguientes:
“Muchas empresas abandonan Cataluña al imponerse rotular y doblar todo al catalán.”
“De 1960 a 1970 la economía catalana no dejó de crecer llegando a representar el 40% del PIB español, en 1996 a causa del catalanismo excluyente y la competencia de otras regiones la economía catalana ha pasado a representar tan sólo el 18,2% de la española”
“Cataluña ha pasado de ser la región más productiva de España a ocupar la sexta posición”
Por hablar en términos laborales, pero cualquier caso ocurrente y válido supondría un perjuicio igualmente.
Continuando con Rosa Díez, ella insiste en la segunda vuelta de la investidura del candidato a la presidencia José Luis Rodríguez Zapatero, dos días después de la primera celebrada el 9/3/2008, reitera lo que se aprecia en la siguiente grabación:
http://www.youtube.com/watch?v=Gp__XiR2fkc
Además de la insistencia reivindicativa en su posicionamiento frente al conflicto de la política lingüística, en este caso hace mención a las asociaciones de padres y alumnos que reclaman la libre matriculación en una lengua u otra indistintamente. Y en el próximo capítulo veremos una noticia que exalta tales asociaciones en defensa del castellano, entre otras actuaciones.
Como colofón otra noticia publicada acerca de las intenciones de Rosa Díez la vertemos a continuación como complemento a la explicación:
"elPeriódico.com
/ POLÍTICA
10/4/2008 LA INVESTIDURA EL DEBATE
Zapatero defiende la política lingüística de la Generalitat
1. • El presidente niega ante Rosa Díez que en Catalunya el castellano esté perseguido
2. • Elogia que se haya evitado la creación de dos comunidades divididas por el idioma
MANEL MANCHÓNMADRID
Una defensa encendida de la política lingüística de Catalunya, pero también de todas las lenguas "españolas" que son cooficiales en las distintas comunidades autónomas. Es lo que hizo ayer el candidato socialista a la presidencia, José Luis Rodríguez Zapatero, que no dudó en explayarse en sus argumentos ante la portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPD), Rosa Díez. La exeurodiputada del PSOE, bajo el pretexto de la "igualdad", descalificó el modelo de España que defiende Zapatero. Ambos evidenciaron un debate soterrado en la familia socialista, porque muchas de las expresiones que utilizó ayer Díez las ha pronunciado en repetidas ocasiones el flamante presidente del Congreso, José Bono, quien obsequió con algunos minutos más a la diputada de UPD.Díez mostró una de las caras más clásicas del socialismo español, aquella que considera que la igualdad de los ciudadanos pasa por un Estado fuerte, centralizado, que mantenga de forma férrea sus competencias. La diputada de UPD, un partido que ha surgido del rechazo a la España "plural" y "diversa" que reivindica Zapatero, se centró en su intervención en la educación y en los supuestos "privilegios" de algunas autonomías, entre ellas Catalunya. Consideró que España "no puede seguir soportando la constante y anárquica transferencia de competencias del Estado a las comunidades autónomas", y abogó, así, por un país "en el que se vele por la igualdad, la cohesión social y el interés general". Para Díez, España debería abrir un periodo de reflexión y dibujar un nuevo mapa competencial en el que el Estado recuperase algunas atribuciones, como las educativas.Las políticas lingüísticas, por tanto, no podían quedar en el tintero de la diputada. Díez consideró que se discrimina a los ciudadanos por reclamarles, para acceder a determinados puestos laborales, el conocimiento de las lenguas cooficiales, el catalán, el gallego y el euskera. Calificó este requisito de "exigencia abusiva" y criticó que existan diferentes sueldos de los cuerpos de funcionarios en función de la comunidad en que trabajan. Pero Zapatero se plantó. Al candidato socialista le tocaba cerrar la réplica y lo hizo con una encendida defensa del bilingüismo. Catalán, euskera y gallego "son lenguas españolas", sentenció, dejando claro que tras años de "ostracismo" se merecían la protección del Estado. Sus palabras provocaron los aplausos del grupo socialista, un hecho que quiso destacar con rapidez el PSC, necesitado de esos gestos."ÉXITO COLECTIVO"El candidato del PSOE fue más allá. Aseguró que la política lingüística en Catalunya había hecho posible, en todos los años de la democracia, una "convivencia" que calificó de "éxito colectivo", y que ha podido evitar el gran temor que se tenía sobre la creación de "comunidades lingüísticas separadas y enfrentadas". Afirmó que es el castellano la lengua dominante en la esfera pública en todas las autonomías, también en las que tienen lenguas cooficiales. E insistió en que desde la transición se ha aplicado una política de "defensa y de garantía" del bilingüismo y de las lenguas propias de algunas comunidades, como Catalunya. Sin embargo, respondió, ya desde los pasillos del Congreso, que la política lingüística en Catalunya perjudica a las personas con menos recursos.Pero el debate entre Zapatero y Díez también ilustró dos concepciones teóricas muy distantes. Zapatero le recordó que todo su aprendizaje sobre la pluralidad se lo debe al PSOE, aludiendo al pasado reciente de la exeurodiputada socialista, y agregó que el centralismo es, precisamente, una de las "fábricas más notables de la desigualdad social". El líder del PSOE concluyó que la España descentralizada es uno de los países de la Unión Europea (UE) con menos desigualdad."
Por último, cabe decir que la portavoz de UPD no es la única política que lucha por estas ideas ni tampoco la única persona.
viernes, 25 de abril de 2008
jueves, 17 de abril de 2008
¿Castellano o español?
En esta entrada vamos a adentrarnos en la polémica existente en torno a la denominación de nuestra lengua, cuyos tintes políticos nos muestran como necesario el profundizar en esta cuestión.
Al comenzar nuestra búsqueda de la designación más correcta consultamos el Diccionario Panhispánico de Dudas que nos ofrece la página web de la Real Academia Española (www.rae.es).
Según ésta, lo más apropiado sería hablar de español, pues además de ser la lengua común de España también lo es de muchas naciones de América. Además, nos aconseja utilizar castellano únicamente para referirnos al dialecto romántico nacido en el Reino de Castilla durante la Edad Media; o bien, cuando se alude a la lengua común del Estado en relación con las otras lenguas cooficiales en sus respectivos territorios autónomos. Aún así estos dos términos (castellano y español) son sinónimos.
En la información que nos ofrece la Academia se da por superada la polémica que nosotras pretendemos tratar; pero si examinamos este tema tomándolo desde otras fuentes podemos comprobar que hoy en día se sigue cuestionando la validez de estos términos.
Según Alejandro Mena y Linares «las lenguas son objeto de manipulación política, ya que forman parte de ese conjunto de características que conforman el alma de un pueblo». Atendiendo a esta afirmación, podemos citar diversas opiniones con relación al tema tratado, provenientes de diferentes ilustrados de la lengua y que nos ayudarán a comprender mejor esta disputa.
Primeramente hemos de recordar (como ya vimos en la entrada anterior) que el artículo 3 de la Constitución Española dicta que «el castellano es la lengua oficial del Estado Español». La Constitución habla de castellano pero hemos de subrayar que ésta regula únicamente el territorio español por lo que el término no da lugar a la confusión con los territorios de Hispanoamérica.
El mexicano Sergio Zamora, quien escribe en su página web La lengua española, también le dedica un artículo a este enfrentamiento. Para él «el término español no es admitido por los muchos hablantes bilingües del Estado Español, pues entienden que español incluye los términos valenciano, gallego, catalán y vasco». Además se atreve a aventurar que «tanto derecho como tenemos los españoles en llamar castellano a nuestra lengua, lo tienen argentinos, venezolanos, mexicanos o panameños de calificarla como argentina, venezolana, mexicana y panameña. » Al mismo tiempo, apunta que «esto podría significar el primer paso para la fragmentación de un idioma, que por número de hablantes ocupa el tercer lugar entre las lenguas del mundo, el español.»
Para finalizar con nuestro discurso nos gustaría mencionar algunas alusiones al tema que estamos tratando, las cuáles se dieron en el II Congreso Internacional de la Lengua celebrado en Valladolid en 2001 (el último tuvo lugar en Colombia el año pasado). En este evento Camilo José Cela dio lugar a un debate sobre cómo denominar nuestro idioma advirtiendo sobre el peligro de la pérdida de «cierta idea» de la lengua. Además, el escritor arremetió contra los que «se avergüenzan de hablar del español y, en lugar de llamarlo por su nombre, prefieren decirle castellano».
En este debate catedráticos y escritores mostraron sus diferentes impresiones.
Por ejemplo Jon Juaristi, el director del Instituto Cervantes, dijo considerar la confrontación «español-castellano» como un «problema que se plantea sobre todo en el ámbito del nacionalismo catalán y vasco, así que no me gustaría convertirlo en un nuevo motivo de enfrentamiento. Entre los nacionalistas, paradójicamente, oigo a veces los mismos argumentos a los detractores de un término y a los de otro. Yo prefiero hablar de español, y además, como director del Cervantes, lo correcto es que diga español».
La autora de Azul, Rosa Regàs, recuerda que a ella le enseñaron en el colegio Lengua Castellana y así lo fue repitiendo. Pero aún así dice «no ver motivos para que alguien se avergüence de decir Lengua Española».
Por tanto, queda claro, y así nos lo hace ver también el escritor Amado Alonso en su libro Castellano, español, idioma nacional: Historia espiritual de tres nombres; que la denominación del español puede tener distintas connotaciones según desde el punto de vista analizado. Estas variaciones pueden derivar tanto de asuntos políticos como de cultura, o bien de lejanía de territorios; pero no hemos de despreciar ninguno de los términos pues cada uno puede ser apropiado para un determinado momento.
Al comenzar nuestra búsqueda de la designación más correcta consultamos el Diccionario Panhispánico de Dudas que nos ofrece la página web de la Real Academia Española (www.rae.es).
Según ésta, lo más apropiado sería hablar de español, pues además de ser la lengua común de España también lo es de muchas naciones de América. Además, nos aconseja utilizar castellano únicamente para referirnos al dialecto romántico nacido en el Reino de Castilla durante la Edad Media; o bien, cuando se alude a la lengua común del Estado en relación con las otras lenguas cooficiales en sus respectivos territorios autónomos. Aún así estos dos términos (castellano y español) son sinónimos.
En la información que nos ofrece la Academia se da por superada la polémica que nosotras pretendemos tratar; pero si examinamos este tema tomándolo desde otras fuentes podemos comprobar que hoy en día se sigue cuestionando la validez de estos términos.
Según Alejandro Mena y Linares «las lenguas son objeto de manipulación política, ya que forman parte de ese conjunto de características que conforman el alma de un pueblo». Atendiendo a esta afirmación, podemos citar diversas opiniones con relación al tema tratado, provenientes de diferentes ilustrados de la lengua y que nos ayudarán a comprender mejor esta disputa.
Primeramente hemos de recordar (como ya vimos en la entrada anterior) que el artículo 3 de la Constitución Española dicta que «el castellano es la lengua oficial del Estado Español». La Constitución habla de castellano pero hemos de subrayar que ésta regula únicamente el territorio español por lo que el término no da lugar a la confusión con los territorios de Hispanoamérica.
El mexicano Sergio Zamora, quien escribe en su página web La lengua española, también le dedica un artículo a este enfrentamiento. Para él «el término español no es admitido por los muchos hablantes bilingües del Estado Español, pues entienden que español incluye los términos valenciano, gallego, catalán y vasco». Además se atreve a aventurar que «tanto derecho como tenemos los españoles en llamar castellano a nuestra lengua, lo tienen argentinos, venezolanos, mexicanos o panameños de calificarla como argentina, venezolana, mexicana y panameña. » Al mismo tiempo, apunta que «esto podría significar el primer paso para la fragmentación de un idioma, que por número de hablantes ocupa el tercer lugar entre las lenguas del mundo, el español.»
Para finalizar con nuestro discurso nos gustaría mencionar algunas alusiones al tema que estamos tratando, las cuáles se dieron en el II Congreso Internacional de la Lengua celebrado en Valladolid en 2001 (el último tuvo lugar en Colombia el año pasado). En este evento Camilo José Cela dio lugar a un debate sobre cómo denominar nuestro idioma advirtiendo sobre el peligro de la pérdida de «cierta idea» de la lengua. Además, el escritor arremetió contra los que «se avergüenzan de hablar del español y, en lugar de llamarlo por su nombre, prefieren decirle castellano».
En este debate catedráticos y escritores mostraron sus diferentes impresiones.
Por ejemplo Jon Juaristi, el director del Instituto Cervantes, dijo considerar la confrontación «español-castellano» como un «problema que se plantea sobre todo en el ámbito del nacionalismo catalán y vasco, así que no me gustaría convertirlo en un nuevo motivo de enfrentamiento. Entre los nacionalistas, paradójicamente, oigo a veces los mismos argumentos a los detractores de un término y a los de otro. Yo prefiero hablar de español, y además, como director del Cervantes, lo correcto es que diga español».
La autora de Azul, Rosa Regàs, recuerda que a ella le enseñaron en el colegio Lengua Castellana y así lo fue repitiendo. Pero aún así dice «no ver motivos para que alguien se avergüence de decir Lengua Española».
Por tanto, queda claro, y así nos lo hace ver también el escritor Amado Alonso en su libro Castellano, español, idioma nacional: Historia espiritual de tres nombres; que la denominación del español puede tener distintas connotaciones según desde el punto de vista analizado. Estas variaciones pueden derivar tanto de asuntos políticos como de cultura, o bien de lejanía de territorios; pero no hemos de despreciar ninguno de los términos pues cada uno puede ser apropiado para un determinado momento.
sábado, 12 de abril de 2008
Régimen lingüístico, desde la Constitución.
Por el espacio y la voluntariedad del trabajo, hemos decidido centrarnos en la política lingüística que afecta principalmente al Estado español por varios motivos. Entre ellos: la cercanía y accesibilidad a la documentación española, nuestra participación en cierto modo de ésta realidad socio-lingüística, el seguimiento del noticiario que hemos encontrado vinculado al tema, etc.
La forma política de nuestra nación es la Monarquía parlamentaria, dicta la Constitución Española de 1978. En su preámbulo proclama lo siguiente: “La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en su uso de soberanía, proclama su voluntad de:
[…] Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.”
En el Artículo 3: “1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.”
Esto, en otras palabras, quiere decir que la lengua oficial es el castellano, pero las demás lenguas serán co-oficiales en sus respectivas Comunidades junto con la primera. Igualmente, con carácter personal no se establecen unos límites de uso, en un país libre por definición; pero sí se parcela por ámbitos políticos el bilingüismo. En exclusiva respondiendo a los Estatutos de Autonomía (aprobados mediante Ley Orgánica), los cuales permiten a cada territorio autonómico establecer su lengua alternativa al castellano en todos los organismos e instituciones que no pertenezcan al Estado. Por ejemplo, un Ministerio del Gobierno de España tiene la obligación de dar a conocer sus funciones y procesos en castellano. Mientras que un centro de docencia, al pertenecer a la Comunidad Autónoma, puede impartir sus clases desde otra opción lingüística de enseñanza.
viernes, 4 de abril de 2008
Nueva lengua oficial: el lenguaje de signos
Antes del 23 de octubre de 2007 la lengua de signos no estaba registrada legalmente, pero a partir de la fecha, gracias a la Ley 27/2007 se reconocieron las lenguas de signos españolas.
Antes de meternos en materia legal para explicar brevemente lo que ha supuesto la ley para la comunidad lingüística, vamos ha hacer un breve repaso sobre los antecedentes históricos de las lenguas de signos en España, tal como lo hemos hecho con las demás idiomas existentes en nuestro país.
Los primeros indicios históricos que se tienen sobre esta lengua desde un punto de vista educativo datan del siglo XVI, gracias al inicio de los monjes en la educación de niños sordos.
En esa época en los monasterios se mantenía un silencio permanente y los religiosos se comunicaban por medio de signos manuales. Pedro Ponce de León, un monje benedictino, llegó a la conclusión de que era posible mostrar la razón sin utilizar la comunicación oral, tal como hacían ellos mismos en los monasterios. Así, utilizó un sistema de gestos para comunicarse con los niños sordos.
En la segunda mitad del siglo XVIII se publica un tratado titulado Escuela española de sordomudos o arte para enseñarles a escribir y hablar el idioma español. Este escrito supone un gran avance para la integración de las personas sordas.
Más tarde, ya en el siglo XIX, se establecen en España los primeros colegios de sordomudos, lo que hace posible la institucionalización de la educación de las personas sordas y sordociegas.
En el último cuarto del siglo XX se produjo una reivindicación de las lenguas de signos española y catalana consideradas como instrumentos de comunicación propios de las personas con minusvalía auditiva que eligieran utilizarla.
La lengua de signos catalana ha tenida un desarrollo similar a la española.
El Parlamento de Catalunya aprobó el día 30 de junio de 1994 la Proposición no de Ley sobre la promoción y la difusión del conocimiento del lenguaje de signos. En el año 2005 aparece la primera Gramática básica de lengua de signos catalana. Y, finalmente en el año 2006 el Estatuto de Autonomía de Cataluña realiza un reconocimiento de la lengua de signos catalana.
Volviendo a la Ley 27/2007, se consideran "lenguas de signos españolas", todas las variantes empleadas en España. Así, la lengua de signos catalana tiene su propia autonomía normativa en su ámbito territorial y está explícitamente reconocida en el Estatuto de Autonomía de Cataluña; en el caso valenciano, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana únicamente especifica "la lengua de signos propia de las personas sordas". La lengua de signos española está reconocida también, de forma explícita en los Estatutos de Autonomía de Andalucía y Aragón.
Por medio de esta legislación quedan regulados también todos los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
La ley establece a su vez la creación, en el Real Patronato sobre Discapacidad, del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, cuya finalidad será la de investigar, fomentar, difundir y velar por el buen uso de esta lengua.
En conclusión, gracias a esta acción del gobierno, como ha sido la de reconocer lo que todos los usuarios del lenguaje de signos estaban esperando, se ha dado una oportunidad a la comunicación, que constituye un derecho fundamental para el ser humano.
Antes de meternos en materia legal para explicar brevemente lo que ha supuesto la ley para la comunidad lingüística, vamos ha hacer un breve repaso sobre los antecedentes históricos de las lenguas de signos en España, tal como lo hemos hecho con las demás idiomas existentes en nuestro país.
Los primeros indicios históricos que se tienen sobre esta lengua desde un punto de vista educativo datan del siglo XVI, gracias al inicio de los monjes en la educación de niños sordos.
En esa época en los monasterios se mantenía un silencio permanente y los religiosos se comunicaban por medio de signos manuales. Pedro Ponce de León, un monje benedictino, llegó a la conclusión de que era posible mostrar la razón sin utilizar la comunicación oral, tal como hacían ellos mismos en los monasterios. Así, utilizó un sistema de gestos para comunicarse con los niños sordos.
En la segunda mitad del siglo XVIII se publica un tratado titulado Escuela española de sordomudos o arte para enseñarles a escribir y hablar el idioma español. Este escrito supone un gran avance para la integración de las personas sordas.
Más tarde, ya en el siglo XIX, se establecen en España los primeros colegios de sordomudos, lo que hace posible la institucionalización de la educación de las personas sordas y sordociegas.
En el último cuarto del siglo XX se produjo una reivindicación de las lenguas de signos española y catalana consideradas como instrumentos de comunicación propios de las personas con minusvalía auditiva que eligieran utilizarla.
La lengua de signos catalana ha tenida un desarrollo similar a la española.
El Parlamento de Catalunya aprobó el día 30 de junio de 1994 la Proposición no de Ley sobre la promoción y la difusión del conocimiento del lenguaje de signos. En el año 2005 aparece la primera Gramática básica de lengua de signos catalana. Y, finalmente en el año 2006 el Estatuto de Autonomía de Cataluña realiza un reconocimiento de la lengua de signos catalana.
Volviendo a la Ley 27/2007, se consideran "lenguas de signos españolas", todas las variantes empleadas en España. Así, la lengua de signos catalana tiene su propia autonomía normativa en su ámbito territorial y está explícitamente reconocida en el Estatuto de Autonomía de Cataluña; en el caso valenciano, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana únicamente especifica "la lengua de signos propia de las personas sordas". La lengua de signos española está reconocida también, de forma explícita en los Estatutos de Autonomía de Andalucía y Aragón.
Por medio de esta legislación quedan regulados también todos los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
La ley establece a su vez la creación, en el Real Patronato sobre Discapacidad, del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, cuya finalidad será la de investigar, fomentar, difundir y velar por el buen uso de esta lengua.
En conclusión, gracias a esta acción del gobierno, como ha sido la de reconocer lo que todos los usuarios del lenguaje de signos estaban esperando, se ha dado una oportunidad a la comunicación, que constituye un derecho fundamental para el ser humano.
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